Bolivia:
la caída de Solís Rada y la "nacionalización"
del gas
A
confesión de parte, relevo de prueba
Por
Martín Squatter, desde El Alto, Bolivia
“Es
como si en nuestras casas elaboramos pan y luego de elaborar
la masa vamos al horno y le decimos al dueño del horno,
‘señor, haga que esta masa sea cocida y salga el pan’.
Yo he llevado la masa, el pan es mío y no estoy confiscando
el horno: cuánto me van a cobrar por haber hecho el trabajo
de hornear” (Andrés Solís Rada, ex ministro de
Hidrocarburos,18-09-06, www.econoticiasbolivia.com).
No
podía haber definición más ajustada del carácter de
pseudo “nacionalización” del gas que ha llevado a cabo
el gobierno de Morales que la confesada por el propio Solís
Rada (el ex ministro “nacionalizador”) en la conferencia
de prensa que dio luego de su defenestración.
La
propia paralización del proceso nacionalizador revela los límites
de su carácter: haber declarado la “estatización” sólo
del fluido, dejando en manos de las multinacionales (“el
dueño del horno”) todos sus activos. Porque en
estas desventajosas condiciones, no hay otra alternativa que
pactar con las “dueñas del horno” que mantienen el
monopolio de la producción de los hidrocarburos.
Éste
es el verdadero contenido de la crisis que ha vivido el
gobierno de Morales en este terreno y que derivó,
finalmente, en la salida del “duro” Rada. Es que la
“renegociación” de los contratos con Petrobras, Repsol
y Total, en estas limitadas condiciones, no ha logrado
avanzar ni un tranco de pollo.
Crisis
en la renegociación, ineficiencia y estafa al Estado
En
más de 150 días que pasaron después de la
“nacionalización” no se han cumplido las tareas mínimas
que se habían acordado. Sin conseguir el 51% de las
capitalizadas (por falta de fondos), apenas se logró
transferir las acciones de la Administración del Fondo de
Pensiones a YPFB. Tampoco se pudo tomar el control de las
refinerías de propiedad de Petrobras y de la compañía logística
de Hidrocarburos, que fue, precisamente, el paso que “in
extremis” intento dar Solís Rada y que al ser
“congelado” por García Linera (luego de que Lula
pusiera el grito en el cielo) derivó en la caída del
ministro.
También
está atrasado el reparto de fondos por la comercialización
que realizan las empresas de carburantes dentro de la propia
Bolivia. Todo esto acontece mientras las multinacionales se
siguen llevando millones y millones. Y mientras la tan
mentada “nacionalización”, hasta hace pocos días, no
había acercado ni un dólar más al fisco desde que fue
decretada.
En
estas condiciones, Solís Rada tuvo que ser ratificado
varias veces hasta terminar cayendo, acumulando acusaciones
(ciertas) de inmensa “ineficiencia”. Y, por otro lado,
no fue un factor de peso menor el rápido encaramamiento de una
camarilla de burócratas en YPFB, los primeros en caer
(no van a ser los últimos) con acusaciones de “estafa”
al Estado.
La
amenaza de la huelga de inversiones
Dentro
de esto también está la presión de las multinacionales,
que obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados cuando
se les pretendiera sacar una parte de las millonarias
ganancias que obtienen del petróleo y el gas. Además de
las presiones políticas y diplomáticas por parte de los
gobiernos de Lula y Zapatero, Petrobras ha bajado la
inversión proyectada de 2.000 millones de dólares
a... 90 millones. Y sólo para asegurarse los
actuales niveles de producción (30 millones de metros cúbicos).
Como si esto fuera poco, también ha paralizado la perforación
de dos pozos en el campo San Alberto. Lula dice que no
quiere “depender” de Bolivia, y por eso chantajea al
gobierno de Morales con tratativas para invertir en otros países
del continente.
Este
chantaje, a pesar del carácter limitado e incluso tramposo
de la “nacionalización” del MAS, debe ser rechazado
por la izquierda que se considera revolucionaria en Brasil.
Buscando
la renegociación sin expropiación
Evo
Morarles ha dimitido a Solís Rada y entregado la dirección
de la negociación al vice (García Linera) al frente de un
equipo de cuatro ministerios que incluyen al ministro
privatizador del Mutún, Villegas.
El
propio Linera, en una reciente reunión en el Brasil, ha
salido a declarar que la empresa subimperialista Petrobras,
“es un socio estratégico de Bolivia”.
El
cambio de dirección evidencia un paso atrás en las
“formas” de la negociación: la gestión anterior
buscaba forzar la renegociación mediante operativos
“espectaculares” como la detención (por unas horas) de
funcionarios de las multinacionales por “defraudación al
estado”.
En
estos últimos días, después del recambio de dirección,
YPFB ha salido raudamente a negociar lo que sea con
tal de aliviar un poco el panorama político, que viene
bastante conflictivo con lo de la Constituyente y la ola de
conflictos reivindicativos que se está sucediendo.
Ante
la presión de que las empresas tienen que “ceder en algo
y ya”, el gobierno salió a reforzar la negociación
haciendo recordar que los 78 contratos que se realizaron
antes del decreto de nacionalización no tienen validez
porque no fueron refrendados por el Congreso Nacional. Es
decir, no respetaron el artículo 59 de la Constitución Política
del Estado aún vigente.[1]
Por
esto, con el fin de que “se cumplan con los plazos
establecidos”, el gobierno salió a realizar las
negociaciones con las petroleras, ya que faltan menos de 40
días para que se cumpla el término de los 180 días
que había dado para establecer los nuevos contratos con
fecha tope el 1ª de noviembre de este año.
En
este sentido, las empresas petroleras (Petrobras, Repsol
YPFB y Total) empezaron a pagar las obligaciones que tenían
con el Estado por los campos gasíferos San Antonio y San
Alberto. Estos pagos son el 32 % del valor de la producción:
una suma de 161,7 millones de dólares, que corresponden a
los meses adeudados hasta octubre, pagaderos hasta
diciembre.
Este
monto iría a parar a YPFB para el “fortalecimiento de la
compañía” y poder tener un poco más de margen de
acción y así poder comprar una parte de las acciones
de las empresas.
Hace
falta una verdadera expropiación
En
este marco, no se prevé ninguna sanción a las empresas: sólo
se les pide que “regularicen su situación reviendo los
contratos”, y lo pasado, pisado. Es decir, el gobierno
sólo quiere que las empresas permanezcan en Bolivia
explotando el petróleo y el gas en mejores condiciones para
el Estado y con más fondos para afrontar las
exigencias de su gobierno. Por eso sigue ratificando la
presencia de Repsol, que se vio implicada en un caso de
estafa al Estado con su controlada Andina. O incluso de
Petrobras, que plantea (como ya hemos señalado) que no
invertirá un peso más que lo que tiene planificado por la
supuesta “falta de seguridad jurídica”. Mientras tanto,
Morales vive aclarando, una y mil veces, que “no se
echará ni expropiará a ninguna empresa haga lo que
haga”.
En
síntesis: la crisis de las ultimas semanas, así como los
regateos con las multinacionales, muestran los enormes límites
de la pseudo-nacionalización. Sin que las empresas
hidrocarburíferas estén en manos del Estado bajo control
de los trabajadores sin indemnización alguna, todo se
reduce a la búsqueda de una renegociación de mejores
condiciones contractuales, pero conservando el poder de
chantaje en manos de las empresas.
La
parábola de la “nacionalización” sólo del fluido, que
deja la producción en manos de las multinacionales, se
cierra mostrando los límites del “nacionalismo
reformista” del MAS. Se trata de acuerdos
que siquiera llegan a establecer empresas mixtas en los
marcos de la puesta en pie de mecanismos capitalistas de
Estado, pareciéndose más a una suerte de “neoliberalismo
regulado”.
Una
auténtica nacionalización sólo puede ser llevada a cabo
de la mano de la clase obrera, tomando el control y la
administración directa de todos los medios de explotación,
transporte y comercialización de los hidrocarburos.
Nota:
1.
El artículo en cuestión, en su párrafo quinto, sostiene
que el Congreso Nacional debe “autorizar y aprobar la
contratación de empréstitos que comprometan las rentas
generales del Estado, así como los contratos relativos a la
explotación de las riquezas nacionales”.
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