El
desaparecido 30.001
¡Que
aparezca el compañero López!
El
29 de junio Jorge Julio López declaró en el juicio contra
Etchecolatz que éste “era un asesino serial que no tenía
compasión”.[1] En la madrugada del lunes 18 desapareció,
justo el preciso día en que el genocida debía hacer su
descargo ante el tribunal.
“El
primer desaparecido de la democracia”. Así lo calificó
el propio gobernador bonaerense Felipe Solá una semana
después. Incluso agregó que “podría haber sido
desaparecido por su condición de testigo fundamental en
el caso contra Etchecolatz. Nos cabe suponer que pueda
haber sido secuestrado para intimidar a futuros
testigos en otros juicios”. Aunque después intentó
arreglar la cosa ante la reprimenda de Kirchner, la certera
definición ya estaba hecha. El gobernador de una de las
provincias con mayor tradición represiva pasada y presente
haya dicho lo que dijo –sin duda a sabiendas o con ciertos
elementos de juicio– marca que la hipótesis de su desaparición
política cada minuto, cada hora y cada día que pasa
tiene más asidero.
Ésta
es la explicación de que la marcha a Plaza de Mayo del miércoles
26 haya tenido la convocatoria que tuvo. Se está abriendo
un proceso de lucha democrática que amenaza con hacer
estallar una grave crisis política en el gobierno, más aún
ahora cuando los provocadores que desaparecieron a López
han amenazado a todo el tribunal que condenó a Etchecolatz.
En
estas condiciones, dos tareas están colocadas de
manera urgente: desarrollar una amplia movilización de
masas nacional por la inmediata aparición con vida del
compañero López. Y junto con esto, no dejar de subrayar
la responsabilidad del gobierno nacional y provincial en lo
sucedido, porque ellos son los garantes de la continuidad
de los aparatos represivos del Estado, desde las Fuerzas
Armadas, pasando por la Policía Federal y bonaerense, hasta
la SIDE. Más allá de una serie de reformas y retoques
que haya hecho el gobierno lo que prima es la continuidad.
Porque nadie duda de que el secuestro y desaparición del
compañero provienen de los organismos de seguridad.
Desaparición
política y responsabilidad K
El
intento del gobierno K de sacarse la responsabilidad de
encima y adormecer la justa movilización que ha
comenzado no puede ser más descarado. Alberto Fernández
llego a decir que “López podía estar en la casa de su tía”.
El martes 26, Kirchner retó a Sola por sus declaraciones.
Se han echado a correr hipótesis del supuesto Alzheimer de
López. Pero el argumento más de fondo que empieza a
esgrimirse es que ya ha habido “otros desaparecidos bajo
la democracia”, por ejemplo, el caso de Miguel Bru.
No
se trata más que de un intento de tirar la pelota afuera y
que Kirchner y Solá se puedan sacar la responsabilidad.
Pero como dice el dicho popular, no se puede tapar el sol
con la mano: es evidente que no se trata de un mero hecho
delictivo o policial, ni siquiera de un caso como el de José
Luis Cabezas: se trata del primer caso de una desaparición
política bajo la democracia de ricos. Y no en cualquier
momento, sino cuando se han comenzado a sustanciar
juicios que incorporan la figura del genocidio. Estos
juicios podrían, eventualmente, derramarse hacia abajo,
hacia militares y políticos no gerontes sino en actividad.
No
sería la primera vez que los políticos patronales, incluso
los más “progresistas”, jueguen el papel de aprendices
de brujos, es decir, que la administración de
concesiones o “reformas” desde arriba (como la anulación
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final) desencadene
consecuencias no planificadas ni queridas, que vayan más
allá de los precisos límites relegitimadores de la
democracia que tenían esas medidas.
Cara
y ceca de la relegitimación institucional
En
un sentido, los hechos que vinculan hoy a Etchecolatz y López
son dos caras de una misma moneda. Una es que el reciente
juzgamiento y condena a perpetuidad de este asesino, bajo la
figura de genocidio, es un evidente triunfo de la lucha
popular y democrática. Así sea esto mediado por la
institución judicial y se intente aprovechar la sentencia
para relegitimar las demás instituciones de la democracia,
todo lo que este fallo tiene de alcance y de triunfo tiene
que ver con la lucha desde abajo. No fue casual que
durante el juicio se cantaba “no es el Estado, es la
lucha popular”, y tampoco lo fue que la
“izquierda K” no se hizo presente en las afueras del
tribunal.
Sin
embargo, el secuestro y desaparición de López muestran con
crudeza los límites de este triunfo en los marcos de la
continuidad del Estado patronal y la política gubernamental.
Al mismo tiempo que se “alienta” el desarrollo de los
juicios, el garante de la continuidad de los aparatos
represivos de este Estado capitalista es el propio jefe
de estado, Kirchner. Y fue desde estos aparatos que salió
la mano negra que eventualmente secuestró al compañero,
fueren elementos en “actividad” o “retirados”.[2]
Son
visibles, entonces, los alcances de una conquista, pero
también los graves límites que le impone una orientación
que busca, en última instancia, el “saneamiento” de
las instituciones. Y el aparato represivo no sólo sigue
practicando impunemente el gatillo fácil contra la juventud
de los sectores populares, no sólo montó un espectacular
operativo represivo en oportunidad de la huelga de los
petroleros de Las Heras, sino que ahora parte de su personal
está directamente involucrado en una “venganza” contra
la valentía de López por haber declarado contra
Etchecolatz.
La
policía es irreformable
El
gobernador Sola separó de la policía bonaerense a más de
60 agentes que habrían cumplido funciones en centros
clandestinos de detención durante la última dictadura
militar. Nada podía ser más grafico acerca del
carácter de los aparatos represivos que esta noticia: décadas
después de la dictadura, las instituciones de
“seguridad” siguen infectadas de genocidas.
Kirchner,
Solá y Arslanian son los responsables –con su política
de cambios “cosméticos”– de que aparatos represivos
como la policía de la provincia de Buenos Aires no hayan
sido lisa y llanamente disueltos. Porque la policía
es “irreformable”. Se han “dado de baja” en
los últimos años, supuestamente, miles de “malos”
policías. Pero hechos como éste son reveladores del carácter
antipopular, represivo y genocida de la policía como
tal.
Si
hoy, 30 años después de la dictadura, todavía hay decenas
cantidad de policías directamente involucrados en
los campos de detención clandestinos de Etchecolatz y Camps,
se trata de una prueba irrefutable de que la policía
provincial es un abismo insondable de represores: la única
medida revolucionaria para acabar realmente con este ámbito
represivo es imponer su inmediata disolución lisa y
llana.
Aparición
con vida ya
Disolución
inmediata de los aparatos represivos del Estado
Antes
de continuar, no se puede dejar de señalar el triste espectáculo
de Hebe de Bonafini y otros organismos de derechos humanos directamente
cooptados por la política gubernamental, ahora
enfrentados entre ellos por el caso López. Bonafini ha
salido a exigir la renuncia de Solá, Fernández y Arslanian,
exigencia que compartimos. Pero con ello, Bonafini pretende esconder
su complicidad con un gobierno que de ninguna manera
puede ni quiere ir hasta el final en la resolución del
problema del genocidio. Prueba de ello es que hayan dividido
la movilización del miércoles 27: no se animan ni a
aparecer en la marcha organizada, centralmente, por los
organismos que han tenido el valor de permanecer
independientes del gobierno y la izquierda.
Los
reflejos han sido rápidos: ha comenzado un importante
proceso que hay que profundizar, desarrollando la más
amplia movilización popular y de trabajadores en una campaña
de masas y nacional. Ha sido un ejemplo el hecho de que
los médicos de la provincia de Buenos Aires hayan resuelto
participar de la movilización a Plaza de Mayo levantando
las banderas de sus 10 desaparecidos. A nivel de los
distintos lugares de trabajo y fábricas está la
oportunidad y necesidad de seguir este ejemplo.
Los
“desaparecedores” no pueden pasar: hay que parar este
zarpazo de manera inmediata y en seco. Hay que redoblar
la movilización por la inmediata aparición con vida de López.
E imponer, junto con esto, la inmediata disolución de
todos los aparatos represivos y la renuncia de Solá,
Arslanian y Fernández, funcionarios que tienen
responsabilidad política por los hechos.
Aparición
con vida ya de Jorge Julio López
Profundicemos
la movilización
Disolución
de todos los aparatos represivos
Cárcel
común y perpetua a todos los genocidas
Renuncia
de Solá, Arslanian y Fernández
Notas:
1.
Las impactantes declaración de López incluyeron la
denuncia de que “llegó a ver, desde una pequeña mirilla
en la puerta del Pozo de Arana, cómo Etchecolatz en persona
ordenaba el fusilamiento del matrimonio de Patricia
Dell ‘Orto y Ambrosio De Marco: ella les pedía que no
la maten, que quería criar a sus nenitas”. Página
12, 23-9-06.
2.
El propio presidente del Tribunal Federal Nº 1 de La Plata
a cargo del juicio, Carlos Rozansky, marcó más limites de
la política gubernamental: “Uno de los mayores aliados de
la impunidad es el paso del tiempo: testigos que mueren.
Testigos que no están en condiciones de volver a relatar el
horror. Testigos que no se sienten con la seguridad de
poder hacerlo”. Sobre esto último, la responsabilidad
del gobierno es insoslayable.
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