Esteros del Iberá

D’Elía y el cuento de la expropiación

Por Oscar Alba

El conflicto en Corrientes alrededor de la propiedad de tierras estratégicas, parte del acuífero Guaraní, y la intervención de la “tenaza justiciera” de Luis D’Elía plantean el problema de cómo defender de manera efectiva los recursos naturales del saqueo imperialista.

A nadie escapa que desde hace unos años se desarrolla una pelea por la posesión de los recursos naturales del planeta, que se están agotando o directamente inutilizando por la acción de empresas multinacionales que, con la complicidad de los gobiernos, lucran cotidianamente a costa de la destrucción de selvas, cerros, llanuras, ríos y mares, buscando crear sus “enclaves ambientales”. El gas, el petróleo, el agua y otros recursos naturales están en la mira del imperialismo y los capitalistas, que no miden métodos, leyes ni maniobras para lograr su objetivo, mientras que los trabajadores y las masas empobrecidas de todo el mundo sufren las consecuencias de este verdadero expolio capitalista.

El conflicto en los Esteros del Iberá

Es en este marco general que tenemos que ubicar el conflicto político suscitado en Corrientes cuando el piquetero devenido subsecretario del gobierno kichnerista, Luis D’Elía, rompió los candados que cierran los campos de la estancia El Tránsito y unas 240.000 hectáreas que encierran parte del acuífero Guaraní. Dos días después el mismo D’Elía aseguró que impulsaría junto a diputados nacionales una ley de expropiación para que el estado resguarde sus recursos naturales estratégicos.

La intervención de D’Elía en el paraje Yahaveré, lindante con los esteros del Iberá, puso sobre el tapete el conflicto de propietarios, productores forestales, trabajadores y comunidades originarias alrededor del proyecto de la Naciones Unidas, que supuestamente busca aportar a la preservación de las 1.300.000 hectáreas que conforman la Reserva Natural del Iberá. Este proyecto está impulsado por el Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado “por el Fondo mundial para el Medio ambiente (GEF por sus siglas en inglés) y ejecutado por la ONG Ecos” (La Nación, 27-8-06). El proyecto despertó la inquietud de los distintos sectores sociales de la provincia que entrecruzan y enfrentan intereses cotidianamente.

El dueño de los campos en donde D´Elia irrumpió con su tenaza justiciera es Douglas Tomkins, un millonario estadounidense que preside la fundación ecologista Conservations Land Trust (CLT), la cual, desde hace ya varios años, en aras de la filantropía ambiental ha venido comprando tierras  también en la Patagonia y Chile. Estas tierras del sur han sido reconvertidas en “protegidas”. Mientras, Tomkins ha seguido con su cruzada millonaria a la sombra de los gobiernos. Curiosamente, “a pesar de que la organización que encabeza figuraba en varios de los documentos, el multimillonario ha negado con insistencia su vinculación, la última vez en la Legislatura de Corrientes” (La Nación).

En Corrientes, Tomkins ha sido denunciado por echar y amenazar a antiguos habitantes de la zona, por haber tirado abajo una escuela dentro de sus campos y por haber cerrado caminos de paso.

La disputa por los esteros del Iberá se muestra hoy como un entramado de intereses con organizaciones, millonarios y funcionarios políticos nacionales y provinciales. No se puede decir que la mayor reserva de agua dulce del mundo está siendo amenazada. Ya está siendo atacada por los capitalistas. Tomkins es el rostro visible de este saqueo. Pero entre muchos de los que lo denuncian, comenzando por D’Elía, que se apoya en un problema real de los pobladores de la región, también está la carroña capitalista.

La defensa de los recursos naturales también es una lucha contra el gobierno

A poco que D’Elía anunciara que en el Congreso iban a trabajar una ley de expropiaciones, el jefe de gabinete Alberto Fernández dejó claro que el Gobierno no apoya la iniciativa del subsecretario de Hábitat Social. De esta manera, mientras D’Elía abría tranqueras mediáticas en el litoral, el gobierno comenzaba a cerrar candados legales.

Alberto Fernández afirmó que al gobierno le preocupa la cuestión de las tierras en manos privadas. En realidad, al gobierno lo que le preocupa es bajo qué condiciones los capitalistas se adueñan de estos espacios, y en este caso tiene a D’Elía, como latiguillo funcional a sus necesidades políticas. D’Elía fue a Corrientes no sólo para abrir un camino cerrado por Tomkins a los pobladores de la zona, sino también para abrir el camino a una posible negociación, en mejores condiciones, con el multimillonario Tomkins. Es curioso que este fantoche extraoficial de Kirchner aún no haya promovido, por ejemplo, la expropiación de los inquilinatos donde, desde años, se hacinan familias pobres, y en cambio corra a ladrar a los campos de Corrientes. Los trabajadores y los pueblos originarios de Corrientes no pueden confiar en él, como tampoco en Kirchner y el gobernador Arturo Colombi, un radical de los que ahora se recuestan del lado del presidente, que también descartó de plano toda iniciativa expropiadora.

En Latinoamérica hemos asistido recientemente a “expropiaciones” de tierras en Venezuela y Bolivia. Los gobiernos de Chávez y Evo Morales las han puesto como conquistas de sus gobiernos para los trabajadores y los sectores populares y campesinos. No obstante, estos repartos han sido fundamentalmente de tierras improductivas o fiscales. Es decir, no han tocado en absoluto la estructura de la propiedad agraria capitalista, uno de los puntos fundamentales en donde se asienta la economía de los campesinos pobres de esos países. En Venezuela, muchos campesinos han sido muertos por las bandas armadas de los terratenientes en su intento de ocupar tierras para poder sobrevivir.

El gobierno de Kirchner ni siquiera habla de expropiar. El caso de Corrientes es una muestra clara de la política de este gobierno burgués hasta la médula.

Muchos trabajadores conocen cómo estos millonarios al estilo de Tomkins compran tierras bajo las cuales yacen los recursos naturales más preciados. En este sentido, la lucha contra el saqueo de la biodiversidad y el remate del territorio nacional debe incorporarse a la lucha global contra el gobierno peronista y contra el sistema capitalista desde una óptica de clase. Debemos pelear contra los enclaves ambientales que promueve el imperialismo en nuestro país, luchando para que estos espacios sean declarados bienes públicos e inalienables, así como por la estatización con control de los trabajadores y las comunidades originarias de la producción y la preservación de esos lugares.