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Campaña
contra los Códigos de Faltas y de Convivencia
La
Estadística y la Caja de
los derechos humanos kirchneristas
Por
Manuel
Agrupación Carne Clasista
carneclasista@yahoo.com.ar
El
sábado 15 de julio se realizó el primer Encuentro regional
sobre Códigos de Faltas y políticas antidiscriminatorias,
con la presencia de organizaciones de derechos humanos (la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Buenos Aires y
Entre Ríos, CORREPI, APeL), medios de comunicación
alternativos y principalmente organizaciones de minorías
sexuales: el Área de Estudios Queer, La Fulana, ATTA
(Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de
Argentina), ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad
Travesti y Transexual), Vox (de Rosario), AMyT (Asociación
de Mujeres y Travestis, de Santa Fe), MAL (Movimiento
Antidiscriminatorio de Liberación, de La Matanza), Carne
Clasista y Disidentes Seropositivos, entre otras. También
participó la Dirección Provincial de Igualdad de
Oportunidades de la Provincia de Buenos Aires.[1] Como el
nombre del Encuentro lo indica, tiene entre sus propósitos
tomar el tema de los Códigos de Faltas [2] y la lucha
contra ellos.
La
Estadística y la Caja
Como
explicó en el Encuentro Guillermo Etcheverry, abogado de la
CORREPI, los Códigos de Faltas son los textos jurídicos
donde se estipulan los alcances de “el poder de policía
local” para cada provincia. Aparte del Código Penal (de
alcance nacional), cada provincia puede crear tipos legales
para “hacer cumplir la ley”, y hoy en día estos códigos
son la versión “democrática” de los edictos policiales
de la dictadura. Estos códigos forman parte de una red más
amplia de leyes (como la nefasta Ley de Averiguación de
Antedecentes, que permite detener arbitrariamente a
personas), códigos (Código Penal, Códigos Procesales) y
prácticas (detención arbitraria, maltrato, tortura,
“gatillo fácil”), un verdadero arsenal de leyes y prácticas
represivas, otorgado por el Congreso y la Justicia
patronal.[3]
Los
Códigos de Faltas no están al servicio de la
“convivencia entre vecinos”, ni de “la moralidad pública
y las buenas costumbres”, de la misma forma que la Policía
–o los partidos patronales bajo cuyas órdenes está– no
están “al servicio de la comunidad” ni para defender al
vecino de los asaltos y violaciones. Los Códigos tienen dos
propósitos: por un lado, dar un marco “legal”,
“formal”, a la represión que este sistema social
requiere, y por el otro lado, financiar a la propia Policía
y a los partidos patronales.
La
mafia policial no aplica los Códigos contra los “hijos de
vecino” y “padres de familia”, ni incluso al conjunto
del pueblo. Los Códigos son para los jóvenes, los pobres,
los “negritos”, las travestis y mujeres prostituyéndose,
las minorías sexuales, los vendedores ambulantes, los
“que protestan”, o sea, cualquier persona que pueda
llegar a ser sospechosa de realizar o que realice un acto
contra el orden social imperante, este sistema capitalista
patriarcal, racista y heterosexista. Es mentira que el Código
de Faltas, así como el Código Penal, tiene como objetivo
regular las pautas normales generales de funcionamiento de
la sociedad. De eso se encargan muy bien los intereses de
los grandes patrones, la Iglesia y el Estado. Como parte del
conjunto jurídico-policial, estos Códigos están para
reglamentar la represión de los explotados y los oprimidos
cuando rompen, de forma voluntaria o involuntaria, los
planes, proyectos de la tríada de los
patrones-Estado-Iglesia.
La
Policía actúa sobre un sector de la población y no sobre
su conjunto, y lo hace manera ejemplificadora, metódica y
políticamente. Es lo que se esconde bajo la categoría
policial “Estadística”, la cuota pautada, planificada
de personas que tienen que pasar por las cárceles, las
palizas, las violaciones de cada Comisaría. Cuota ejemplar,
constante, que da la pauta de la represión cotidiana
necesaria en los barrios y ciudades del país.[4]
También
los Códigos de Faltas, y especialmente éstos dentro de la
red jurídico-represiva, son una forma de financiar a la
propia Policía y a los partidos patronales. La lista de
tareas que desarrolla y supervisa pueden llegar a dar cuenta
de los miles de millones de pesos que “recaudan”: el tráfico
de drogas y el lavado de dinero, el contrabando, la
prostitución y la extorsión a las personas que viven de
ella, la trata de personas y el tráfico de órganos, la
extorsión a boliches y negociosos y a los vendedores
ambulantes. Toda esa masa de dinero es la que en parte o en
su totalidad, dependiendo el caso, conforma la “Caja” de
la mafia policial, que no es ninguna Caja “chica”, sino
de miles de millones de pesos que se destinan al
financiamiento de las actividades de los partidos patronales
y al lujo personal de los políticos patronales y de las
altas jerarquías de cada policía provincial.
No
es grave: es mortal
No
se trata de un par de personas por mes pasando un “mal
rato” en la Comisaría del barrio, sino de cientos de
muertes, miles de presos, violaciones y torturas.
En
los casos de represión a los militancias sociales y políticos,
se “arman” y fabrican causas totalmente falsas para
impedir que continúen con su militancia, o el
encarcelamiento con este mismo fin. Están también los
casos de razzias, de detenciones arbitrarias y “gatillo fácil”
a los jóvenes y pobres, cuyo desenlace va desde una coima
de $20 ó $30 o con la muerte en una comisaría por la
cantidad de golpes recibidos, de la tortura aplicada sin
piedad. Walter Bulacio, Ezequiel Demonty, Diego Lucena,
Andrea Viera y Hugo Krince son varios de los tristemente
conocidos casos de asesinatos de la mafia policial, con la
protección de los partidos y justicia patronales.
Es
el caso también de la persecución a los vendedores
ambulantes, a quienes les confiscan las mercaderías si no
están amparados por arreglos extorsivos con la mafia
policial. O la persecución a los cartoneros, que sufren
detenciones y razzias por parte de la Gendarmería en las
estaciones de tren.
En
cuanto a las minorías sexuales, por ejemplo, la mafia
provincial bonaerense persigue, detiene y golpea a chicos
gays en las estaciones de tren. Para las travestis, la
situación es realmente escalofriante. Siendo que más del
80% vive de la prostitución, ello las expone tremendamente
al accionar de la mafia policial. Ésta les exige
regularmente dinero, “favores sexuales” y cumplir
regularmente con la Estadística. Pero esto no les alcanza:
son diarias los maltratos, detenciones, golpizas, torturas y
violaciones. En los últimos años, más de 500 travestis
murieron debido a los golpes y torturas recibidos a manos de
la Policía. El ensañamiento es especial con las compañeras
militantes: la violación de Claudia Baudracco y el
asesinato de Vanesa Ledesma son testimonios de esto. Similar
a ésta es la situación de las mujeres que viven de la
prostitución.
Los
Derechos Humanos del FMI
Este
entramado jurídico-represivo responde a una necesidad
social y política de mantener el orden en este sistema de
explotación capitalista.
Todas
las expresiones populares, de los explotados y oprimidos,
son disciplinadas. No es la intención del sistema jurídico-represivo
someter cotidianamente a todo el pueblo, lo que equivaldría
a una terrible matanza (algo parecido fue el “terrorismo
de Estado”, de la última dictadura militar, y el
fascismo). La burguesía, mediante sus partidos y sus mafias
policiales, reprime mediante castigos ejemplares, metódicos
y políticos a individuos, o incluso grupos sociales, para
mantener controlado al conjunto de la población. Desde este
punto de vista, por ejemplo, la represión que sufren las
travestis es un ataque a este grupo particular que busca
disciplinar, aquietar a todo el conjunto de las minorías
sexuales, de los pobres y de las personas que viven de la
prostitución.
Los
reclamos que imponen con su mera presencia los jóvenes, los
pobres, las minorías sexuales, los explotados y oprimidos,
la burguesía y sus partidos intentarán primero
desactivarlos por la vía de las “instituciones”, los
discursos bonitos y los “acuerdos” y “promesas”
gratas. Pero a sabiendas de y haciendo siempre presente que
el aparato jurídico-represivo está listo para actuar, y
que no dudarán en dispersar a palos y encarcelar a quien no
acate sus mandatos. Es una necesidad del capitalismo
reprimir a las diferentes expresiones del hambre, la miseria
y la explotación que surgen y cuestionan, voluntaria o
involuntariamente, su orden sangriento.
Las
dos décadas de democracia de ricos que los argentinos
vivimos son el mejor ejemplo de que los partidos patronales
no sólo no son una salida de fondo a los problemas que
tenemos sino que una de sus principales políticas “de
Estado” es la represión de los explotados y oprimidos.
Por eso, ni peronistas ni radicales, ni progresistas ni
neoliberales, ningún partido burgués tuvo ni tiene una política
antirrepresiva consecuente, que dé cuenta de las raíces
del problema de la represión y plantee una solución.
Hoy
en día, Kirchner, Solá y Telerman dicen ser los paladines
de los Derechos Humanos; vender esta imagen es una de sus
prioridades. Y han invertido mucho dinero para hacerlo:
plazas, monumentos, secretarías. Incluso, Kirchner dice que
quiere reformar el Código Penal y Solá saca un proyecto de
ley para modificar algunos artículos del Código de Faltas
bonaerense que van contra las minorías sexuales. Tienen un
máximo en interés en esconder su política de derecha, de
continuidad con las políticas de hambre, de desocupación y
sometimiento a los mandatos del imperialismo.
El
gobierno tiene que salir a decir que son la generación
montonera, la JP y hacerse los setentistas, para cubrir que
superó a Menem, a Alfonsín y a De la Rúa en el número de
presos políticos. El gobierno tuvo que ganarse o comprar a
la gran mayoría de los organismos de derechos humanos para
que digan que es un gobierno del pueblo, cuando pacta un
salario de miseria con la patronal y la burocracia, combate
políticamente a la vanguardia y reprime los luchan contra
su política, como los compañeros de la Legislatura o los
trabajadores de Las Heras.[5] Porque este gobierno no
defiende los derechos humanos de los explotados y oprimidos,
sino que defiende los “derechos humanos” del FMI, de la
Iglesia, de los grandes capitalistas locales y extranjeros.
El progresismo kirchnerista, mayoría automática en la
Justicia y el Congreso, da discursos y palos a los
trabajadores y al pueblo, y 10.000 millones de dólares al
FMI; habla de los derechos humanos y su mafia policial
asesina por año a cientos de personas mediante el gatillo fácil,
la tortura y la prisión.[6]
La
campaña contra los Códigos
Las
agrupaciones de minorías sexuales encabezamos nuevamente el
lanzamiento de una campaña contra los Códigos de Falta y
Contravencional principalmente.[7] Entendemos que la represión
policial no sólo cae sobre nosotras; por eso nos unimos a
organismos de derechos humanos y planteamos la necesidad de
ampliar el trabajo hacia otras organizaciones populares.
Tenemos claro que no podemos esperar nada de este gobierno:
su política es la represión y el engaño mediante
discursos y cambios superficiales en los textos jurídicos.
No nos van a comprar con un artículo menos: acá estamos
luchando contra una política de este Estado represor y
queremos terminar con ella.
Desde
Carne Clasista vamos a poner nuestra humilde fuerza
militante para desarrollar esta campaña, en un diálogo
abierto y franco con las agrupaciones del movimiento de
minorías sexuales y las organizaciones populares, con el
objetivo de infligir una derrota a la política represiva
del gobierno y los partidos patronales.
Notas:
1.
De la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
El 20 y 21 de septiembre se realizará el Encuentro Regional
del NOA en la ciudad de Tucumán.
2.
Lo que en la Ciudad de Buenos Aires el progresismo hizo
denominar Código “de Convivencia”.
3.
Ver “Segunda Parte: la dicotomía normativa y el control
social” http://www.correpi.lahaine.org
4.
Pero no todo lo que hace la mafia policial está “estadísticamente”
calculado: la impunidad que los patrones y sus partidos le
otorgan son el aval político de la práctica sistemática
del “gatillos fácil”. Ver el “Informe 2003 sobre la
situación de los derechos humanos en Argentina – Rol de
las fuerzas de seguridad” http://www.correpi.lahaine.org
5.
Ver SoB 83, “No muy ‘derechos’ y nada
‘humanos’”, Entrevista a María del Carmen Verdú, de
la CORREPI.
6.
Bajo Kirchner ya son más de 500 los casos de gatillo fácil.
Ver entrevista a M. Verdú en SoB 83.
7.
Esto lo haremos impulsando desde abajo diferentes acciones,
como talleres, marchas, petitorios, y no, como hace el
sector de derecha del “movimiento” de minorías
sexuales, negociando políticamente con Aníbal Fernández,
Solá y otros responsables políticos de las mafias
policiales.
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