Acuerdo CGT-Patrones y gobierno

El salario del hambre

El viernes 28/07 el “Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo”, por consenso, subió en cuotas el salario mínimo. Éste se incrementará de 630 a 760 pesos a partir de agosto; se elevará a 780 desde septiembre y, finalmente, en noviembre será de $800 en bruto. A esto hay que descontarle cerca del 13% de cargas previsionales y sociales, es decir, que un trabajador sin hijos cobrará en mano en noviembre cerca de $691. Más allá de cómo el gobierno, los empresarios y la burocracia prestaron los números (agregaron $120 de asignación por dos hijos y una doceava parte correspondiente al aguinaldo), de todas formas, se dibuje como se dibujen los números, no cambia el contendido de las cosas: un reparto de la torta que condena a los trabajadores a vivir en la pobreza.

Según los datos oficiales, cerca de 770.000 trabajadores se “beneficiaran” de este incremento: aquellos a quienes sus mínimos de convenio estén por debajo de esa cifra. Pero esta miseria ni siquiera es aplicable a 4,5 millones de trabajadores en negro: quedan afuera cerca del 44% de los trabajadores en relación de dependencia. Para este sector, la política oficial del gobierno la dictó el ministro Tomada rogándoles a los empresarios que tienen trabajadores en negro que “no despidan a los empleados que pidan un aumento al mínimo”...

Tanto la CGT como la CTA (que finalmente no firmó el acuerdo) fueron a reclamar un salario mínimo que sea igual a la canasta de pobreza. Su propuesta consolida la fragmentación de los trabajadores en tres grandes categorías: los indigentes (con un ingreso que no supera los $370); la media del hambre en que están incluido la mayoría de los trabajadores del país (la canasta de pobreza alrededor de los $860) y los asalariados “privilegiados” que cobrarían cerca del salario mínimo: es decir, alrededor de $2.000.

Recordemos que la Ley de Contrato de Trabajo da una clara definición de los que es el salario mínimo: es “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”… Hoy, la misma CGT estima el salario mínimo en $1.900 y la CTA calcula este valor en unos $2.200.

Enfrentar a la burocracia. Apoyar a los que luchan. Por un básico de $2.200

“El consenso que se alcanzó en el Consejo de Salario es resultado del equilibrio y el dialogo maduro que mantuvieron las partes en la negociación”, dijo Tomada en el acto de la firma. En realidad, la fijación del salario mínimo es el último acto del acuerdo antiobrero entre el gobierno, la burocracia y la patronales que garantiza, entre otras cosas, que la patronal se quede íntegramente con la productividad, que garantiza la tasa de ganancia empresaria más alta en la historia argentina y que el crecimiento récord de los últimos años esté apoyado sobre las espaldas, el sudor y el salario de los trabajadores. Este acuerdo antiobrero comenzó poniendo un techo del 19% a los reclamos salariales y un cepo a las luchas que empezaban a darse a principio de año. Ahora, se le intenta poner un punto final a la discusión salarial y se la condiciona para el año próximo.

Sin embargo y a pesar de este acuerdo, se está desarrollando en forma tan profunda como molecular, un proceso de recomposición que se manifiesta en el surgimiento de una nueva generación obrera que está haciendo sus primeras “armas” y eligiendo nuevos delgados honestos y luchadores.

El desarrollo de estas experiencias, sumado a apoyar a los que están luchando, como es el caso de los docentes en Córdoba, los trabajadores de la salud de esa misma provincia y otros, es la forma concreta de luchar contra el acuerdo antiobrero de la burocracia, el gobierno y la patronal, junto con una fuerte campaña por un básico que sea un mínimo de dignidad, es decir, no inferior a los $2.200, y no un “mínimo” que se convierte en máximo de $850 de hambre y  pobreza.