Ley Nacional de Educación K

¡La culpa la tienen los maestros!

Por Marina Alonso
Secretaria de DD HH SUTEBA Gral. Sarmiento

El gobierno K ha presentado la  “nueva” ley educativa. La CTERA y el SUTEBA –como ocurrió con las leyes en los 90- han salido a apoyar; lo propio están haciendo los “especialistas en educación” que ayer redactaron las leyes que hoy critican y que son, precisamente, los redactores de la nueva ley. Incluso los mismos  empresarios y la iglesia que ayer aplaudieron... hoy vuelven a aplaudir. La “nueva” ley, que de nueva tiene poco, es más bien un intento continuista y legitimador de la estructura educativa heredada de la década pasada.

Las reformas impulsadas por el Banco Mundial en los 90 transformaron el sistema educativo nacional en un “mercado persa” con ofertas de todo tipo, precio y calidad, logrando lo que buscaban: que cada sector reciba una “educación” que refuerce su condición social de origen; un sistema educativo que acompañe y reproduzca la atomización social de la nueva argentina con millones de desocupados, trabajadores en negro y salarios miserables.

Las armas para lograrlo tuvieron 5 ejes:

- La descentralización de los “servicios” educativos.

- La sanción por ley de subsidios para salarios en la escuela privada como manera de fomentar la expansión de la educación como un negocio privado.

- El cambio del principio de “igualdad” (muy socavado ya, por cierto) por el de “equidad”, afirmando que no todos tenían necesidad de una igual educación, sino que ésta debía  adaptarse a las necesidades “de origen”.[1]

- La libertad para cualquier empresario de abrir una escuela privada a su antojo.

- La estratificación y pauperización de los salarios de los trabajadores de la educación junto con un brutal ataque a las condiciones de trabajo.

Está claro que luego de más de una década de aplicación de la Ley Federal de Educación el resultado ha sido tan evidentemente desastroso que ahora, luego de que las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 evidenciaron el quiebre de la Argentina de los 90, el gobierno se apresta a un vasto operativo continuista de relegitimación de los criterios más de fondo de la estructura educativa heredada de la década pasada, introduciendo cambios superficiales que en nada van a revertir la actual situación de destrucción educativa.

Parámetros de la nueva “Ley Nacional de Educación”

La ley que está presentando el gobierno y que ha despertado cierta expectativa entre sectores de los docentes y de la población en general, hay que decirlo, es un trampa de frente y de perfil. ¿Por qué? Porque es una estafa que no retrotrae ninguno de los efectos de las leyes “menemistas” que dieron origen al actual sistema educativo que la mayoría de la población critica.

Veamos un poco más de cerca la cosa:

- Fija a través de la nueva LFE (Ley de Financiamiento Educativo) un “compromiso” prácticamente igual al de la LFE (Ley Federal de Educación) de aumento al 6 % del PBI anual a destinar a educación, pero para... una década más tarde.

- Mantiene los subsidios  a las escuelas privadas.

- Mantiene la famosa “descentralización” que significa un Ministerio de Educación “sin escuelas” y que cada provincia y municipio financien con sus presupuesto sus propias escuelas. No hay que ser muy imaginativo para saber cómo es la educación en una escuela de La Banda, o del Chaco.

- Mantiene el concepto tramposo de “equidad”, continuidad estructural de la liquidación del criterio “igualitario” en la educación.

- Refuerza el rol de la Iglesia Católica, en contra del principio de laicidad.

- Incorpora una nueva espina en la fragmentación salarial, con la promoción de variaciones salariales por mérito (a los “buenos docentes”, al decir de la UIA)

¿Cuál es la gran medida “progresista” de Kirchner, Filmus y Puiggrós para enfrentar las consecuencias nefastas de la LFE y la descentralización educativa de los 90 respecto de la población trabajadora? ¿Cuál es el “compromiso del Estado” con un fin tan noble? Ante el mantenimiento esencial de la estructura educativa de la LFE, lo que se propone es “igualar” a través de los “contenidos” y poner en la picota a los docentes. Veamos.

Manual estandarizado y competencia entre maestros para “mejorar” la calidad

La “innovadora” medida que trae la ley del gobierno se reduce a lo siguiente: diseñar “contenidos” entendidos como resultados “medibles” en pruebas al viejo estilo “Odol pregunta” o al nuevo estilo “Pulsaciones”. ¿Qué significa esto? Dos cosas.

Por un lado, se postula que el Ministerio de Educación sería el que se ocupe de los planes de estudio con el criterio de que se enseñen iguales contenidos a lo largo y ancho del país. El fin es muy “loable”, pero encierra una trampa: de no cambiarse las condiciones sociales de acceso a la educación de los diversos sectores sociales, evidentemente no puede haber contenidos iguales que alcancen para elevar la “calidad” de la educación. 

Por el otro, se responsabiliza a los docentes de que los alumnos adquieran los nuevos conocimientos, por la vía de “medir” los resultados que logran los maestros. Y luego de esta “evolución” se les pagaría un sueldo... acorde a los resultados que exhiban las víctimas, es decir, los alumnos.

¿En que consisten esas diferencias de acceso a la educación? Hay coincidencia en que una de las consecuencias más nefastas de las reformas de los 90 es la fragmentación del sistema educativo, dividido en provincias con regímenes y estructuras distintas, con salarios, contenidos, escuelas y expectativas distintas. Hay escuelas privadas sin subsidio, escuelas privadas con subsidio, escuelas religiosas y laicas, escuelas del estado con secundaria y escuelas del estado con “primaria de 9 años”, escuelas con laboratorio y estufas y escuelas sin puertas, sin vidrios en las ventanas; escuelas que tienen convenios con supermercados y escuelas con convenios con universidades; escuelas confortables y escuelas con los pozos rebalsados; escuelas donde los maestros cobran un plus y escuelas aisladas en cuadras de barro, sin agua potable a las que se les ha quitado el plus por zona desfavorable; escuelas con computadora e internet y escuelas sin computadoras, ni cable, ni TV, ni borrador, ni tiza, ni lavandina; chicos con celular y chicos sin lápiz ni cuaderno; escuelas donde los alumnos estudian porque saben que pueden elegir “qué hacer cuando sean grandes” y chicos que tiene la percepción de que estudiar no los va a salvar de un destino cierto de desocupación o superexplotación.

Ésas son las desiguales condiciones que el gobierno tendría la responsabilidad de cambiar. Con estas desigualdades, que son desgarros, no hay manual ni maestro que opere el milagro. Sólo puede ocurrir lo que meses atrás vimos en Chile, cuando el ministro de Educación atribuyó la desigualdad educativa al rendimiento desigual de los maestros de las escuelas estatales que no supieron transmitir bien los contenidos. Otra vez, la escisión no es de la sociedad en clases sociales antagónicas sino entre los maestros “buenos” y “malos” docentes, mientras un inmenso movimiento de masas encabezado por los estudiantes salía a las calles a decir Ya Basta!

Luchemos para derrotar esta nueva trampa que es la nueva ley de educación nacional.

Nota:

1. Este cambio de una mera palabra (mantenido exactamente de la misma manera en la “nueva” ley) encierra sin embargo un significado profundo. En el caso de la vieja ley 1420, lo que se sancionaba era la perspectiva de una educación que supuestamente debería ayudar a “igualar” las condiciones de todos los habitantes del país, provinieran de la clase social que provinieran. Con las actuales (contra) reformas educativas, en todo el mundo, se abandona la “utopía” igualadora reemplazándola por el criterio de “equidad”, que “realistamente” pretende darle a cada estudiante “lo que necesita” en función de lo que “es” (el rico para seguir siéndolo, lo mismo que el trabajador para continuar sometido a la explotación). En este esquema, obviamente, lo que se abandona es cualquier perspectiva transformadora, aunque esa misma perspectiva de “igualdad” que jalonó por varias décadas del siglo XX el sistema educativo no tuviera condiciones para ser llevada realmente a cabo.