Declaración de Socialismo o Barbarie Bolivia ante la “nacionalización” del gas

Una renegociación de contratos sin expropiación

El 1º de Mayo Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos de su país (DS 28701). Los alcances y límites de estas medidas, el contexto nacional e internacional en el cual se ha llevado a cabo y la posición que debemos asumir los socialistas revolucionarios son el objeto de esta declaración.

1. La coyuntura internacional está marcada por una evidente crisis de hegemonía. El pantano en que está metido el gobierno de Bush en Iraq, sumado a la movilización latina en los propios Estados Unidos –que está metiendo el ciclo de rebeliones populares latinoamericanas en el país del norte– muestran un momento de clara debilidad del imperialismo norteamericano. Esta crisis hegemónica (que tiene raíces profundas y estructurales que el proyecto de “Nuevo Siglo Americano” de los neoconservadores buscaba superar) es lo que explica y da contexto internacional a desafíos como los planteados por el gobierno de Irán alrededor de su plan nuclear. O a comportamientos con rasgos independientes, como es el caso del gobierno de Chávez. Es también el marco en el cual ubicar esta medida del gobierno de Evo Morales, que más allá de las limitaciones que desarrollaremos mas abajo, implica patear el tablero respecto de las reglas de juego que habían sido establecidas en el apogeo del neoliberalismo puro y duro de los 90. De ahí los tiras y aflojes que se están viviendo en estos días con los gobiernos de Lula, Zapatero y Kirchner (en este último caso, alrededor del precio del gas).

2. Junto con esta coyuntura internacional, está el marco regional y nacional de la propia Bolivia. En América Latina –aun estando en el medio de un momento de mediación del ciclo de las rebeliones populares inaugurado con el comienzo del siglo XXI–, se está viviendo un cambio de proporciones. El cuestionamiento popular al “neoliberalismo” y a la democracia de ricos y colonial ha adquirido una enorme magnitud. Cabalgando sobre esta realidad y, particularmente, la de la propia Bolivia (la más radicalizada luego de Venezuela), es que Evo Morales se ha visto obligado a tomar esta medida que fuerza una real renegociación de los términos de la explotación de los hidrocarburos con las empresas multinacionales e imperialistas.

La medida del gobierno de frente popular del MAS, con todo lo limitada e inconsecuente que efectivamente es desde el punto de vista de una auténtica expropiación de las empresas hidrocarburíferas, no se podría entender sin el octubre del 2003 y las jornadas revolucionarias de mayo-junio del 2005, que aún están presentes en la conciencia popular. La presión de estas mismas circunstancias, y el hecho de que estaban apareciendo algunos tempraneros síntomas de crisis en el gobierno de Morales, ha resultado en la actual “nacionalización”, presentada de manera más “radicalizada” de lo esperado.

3. Las medidas del gobierno del MAS tienen alcances y límites bien precisos. Su alcance principal: fuerza en los hechos una renegociación de los contratos con Petrobras, Repsol y demás multinacionales en condiciones más favorables para el Estado boliviano. En las circunstancias de la existencia de una renta extraordinaria por los exorbitantes precios del petróleo en el mercado mundial (que van a continuar) y del hecho de que el precio del gas acompaña este aumento de los precios, el gobierno de Morales fuerza una renegociación para que el Estado se quede con una parte mayor de la renta petrolera que la actual. Sobre los 3.500 millones de dólares que significa anualmente el negocio del gas en Bolivia, el Estado pasaría de los actuales miserables 300 millones que le ingresan a una tajada del alrededor de 1.000 millones.

En materia de derechos de propiedad, el decreto nacionalizador busca colocar al Estado boliviano como copropietario de las empresas. Es decir, junto con ratificar las reservas y el fluido como propiedad boliviana, junto con el control de sus precios y comercialización, el gobierno busca que el Estado pase a formar parte de las empresas hidrocarburíferas, que asumen un carácter mixto con los capitales imperialistas. El objetivo, categóricamente distinto a los 90, es que el Estado pueda cumplir un papel regulador y de control de la industria gasífera y petrolera, vía la recuperación bajo control del Estado de los títulos de propiedad “populares” que habían sido entregados como parte de los fondos de pensión a empresas privadas de jubilaciones.

4. En lo inmediato, la renegociación de los contratos significa, respecto de los dos campos gasíferos más importantes (San Alberto y San Albano, en manos de Petrobras), que transitoriamente y por 180 días le deberá ser entregado el 82% de la producción al Estado, quedándose la empresa brasileña –de acciones mayoritariamente privadas y participación estatal– con el 18% de la producción. En el resto de los campos, la renta se seguirá distribuyendo según la ley de hidrocarburos votada por el Congreso en el 2005 (ley 3058): en principio, hasta el 50% para cada parte.

Sin embargo, por su propio carácter, el decreto “nacionalizador” abre ahora una pelea por los nuevos términos de los contratos, razón por la cual asistiremos en estos meses a una dura pulseada, pero sólo se podrán saber los verdaderos alcances del decreto a la hora de la firma de los nuevos contratos. Todos los analistas serios señalan que, aun bajo los nuevos términos, por más “duros” que estos parezcan, las multinacionales podrán seguir haciendo jugosos negocios, tal como ocurre en el caso de Venezuela con los capitales imperialistas que tienen contratos de asociación o concesión con PDVSA.

5. Al mismo tiempo, el decreto “nacionalizador”, como totalidad, no sólo tiene claras limitaciones, sino que constituye también una maniobra política respecto de la reivindicación popular colocada sobre la mesa al costo de casi 100 muertos en Octubre del 2003. Hay que afirmar con claridad que no se trata de una verdadera expropiación de las empresas hidrocarburiferas, ni mucho menos su puesta bajo control de los trabajadores y el pueblo originario y pobre. Además, como ha dicho la actual dirección de la COB, viene a legalizar o relegitimar las explotaciones imperialistas, ahora por la vía de las empresas de carácter mixto.

Por un lado, las empresas como tales, la producción y –en gran medida– la operación del negocio seguirán en manos de las multinacionales. A diferencia de las nacionalizaciones de la Standard Oil en 1937 y de la Gulf Oil en 1969, no se expropia a las empresas (aun cuando en esos casos se haya tratado de nacionalizaciones capitalistas que indemnizaron a las empresas). En este caso no hay indemnización sencillamente porque no hay expropiación, más allá de la actual disputa por el status legal de los ahorros jubilatorios. El anuncio de Morales el 1º de Mayo de que estaríamos ante “la tercera y definitiva nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia” no pasa de ser una bravuconada que esconde el verdadero contenido esencialmente no nacionalizador de sus medidas.

En segundo lugar, está claro que el que pasa a controlar el recurso es el Estado capitalista boliviano y no los trabajadores. Movilizar las fuerzas armadas para ocupar los campos puede tener alto impacto mediático y “soberano”, pero el mensaje es claro: se llama a los trabajadores y el pueblo boliviano en general a apoyar pasivamente las medidas del gobierno frentepopulista, pero expresamente excluyendo la participación activa de los trabajadores en ellas. Con toda seguridad, en manos del Estado boliviano una parte importantísima de los recursos que se obtendrán se dilapidarán sin pena ni gloria, por más pomposidad con que se rodeen ahora las medidas.

No puede haber desarrollo consecuente de las fuerzas productivas del país de la mano del gobierno frente populista a la cabeza del Estado burgués, para colmo asociado, aunque en nuevas condiciones, con las multinacionales imperialistas. Y no se trata de cualquier Estado capitalista,  sino del estado capitalista semicolonial boliviano caracterizado de pies a cabeza por la compra y venta de cargos y favores.

6. Esta realidad de no expropiación de las empresas hace al carácter limitado, parcial e inconsecuente de la “nacionalización” de Morales y Linera. Tomando una definición estrictamente jurídica de la propia legislación boliviana, se establece que la nacionalización “es un acto gubernativo de alto nivel destinado a un mejor manejo de la economía nacional o a su reestructuración, por el cual la propiedad privada sobre empresas de importancia es transformada de manera general e impersonal en propiedad colectiva y queda en el dominio del Estado. La nacionalización permite alcanzar su propio efecto: mediante un solo acto integral, los complejos procesos y resultados necesarios para que un área de la actividad económica nacional, en actual explotación por empresas particulares: a) quede sustraída a la posibilidad jurídica de ser realizada por particulares; b) pasen en dominio al Estado los bienes y elementos con que los empresarios privados la llevaban a cabo anteriormente; y c) corresponda al Estado la futura explotación de ella” (“Análisis del decreto de «nacionalización» de los hidrocarburos”. M.E.O. Urioste, www.lahaine.org).

Como salta a la vista, esto es precisamente lo que NO ocurre con el decreto de Morales. Esta “estratégica área de la actividad económica” boliviana no quedará “sustraída” a la posibilidad jurídica de que sea realizada por las multinacionales, sencillamente porque “los medios y elementos con que los empresarios privados” llevan a cabo la explotación del gas no serán expropiados, es decir, no pasarán “a dominio del Estado”. Y, en consecuencia, la “futura explotación del gas” (es decir, el ámbito del proceso de producción material), centralmente, no corresponderá al Estado. Todo lo cual configurará una evidente posición de fuerza que, disipado el humo de la actual coyuntura, quedará en manos de las multinacionales para chantajear de una u otra manera a Bolivia.

7. Esta medida plantea la necesidad una clara definición de conjunto respecto de su carácter. Como dijimos, se fuerza una renegociación de los contratos y se coloca al Estado en calidad de socio pero, al mismo tiempo, constituye una maniobra política que no significa una auténtica nacionalización.

Es verdad que permitirá aumentar los ingresos del Estado boliviano y que expresa –de manera distorsionada, no directa– la presión popular. Sin embargo, no se trata de una verdadera nacionalización de la industria hidrocarburífera, y mucho menos su expropiación y funcionamiento bajo control obrero.

Tampoco es una medida realmente “nacionalizadora” en el sentido antiimperialista del término, porque se busca renegociar con las multinacionales, no expulsarlas (lo que sí sería realmente antiimperialista). Ni se trata de una auténtica expropiación, en la medida en que no se les quita a las multinacionales sus empresas, sino que se las convoca a operarlas en términos capitalistas en asociación mixta con el Estado, dejando por fuera de la gestión y administración a los trabajadores. La gestión y administración obrera serían la única garantía contra los nuevos negociados y despilfarros que están por delante, ahora en manos del Estado boliviano en su asociación “mixta” con los privados.

8. La posición de los socialistas revolucionarios frente a la “nacionalización” de Evo debe ser clara y categórica: políticamente NO la apoyamos por lo que tiene de inconsecuente, limitada e incluso maniobrera tiene. Sin embargo, llamamos a los trabajadores bolivianos a aprovecharla, es decir, a exigir e imponer que se vaya hasta el final: hasta la expropiación definitiva de las empresas hidrocarburíferas sin ninguna indemnización, y ponerlas bajo control y administración de las organizaciones obreras.

Al mismo tiempo, en todos los embates y peleas que aun las limitadas medidas del MAS generen con una u otra empresa o Estado capitalista e imperialista, como hasta cierto punto ya está ocurriendo, defendemos incondicionalmente el derecho del pueblo boliviano a fijar los términos de la explotación de sus propios recursos como ellos decidan. Entre la nación oprimida y la opresora, estamos con los oprimidos. Más aún: defendemos frente a estos enemigos el derecho al accionar independiente del Estado boliviano e incluso las limitadas medidas de Evo Morales.

9. Asumimos esta ubicación política en el marco de que subrayamos que no se debe confiar en el gobierno de Morales y Linera, que a pesar de las medidas que ha tomado –o, mejor dicho, en función de su carácter limitado y burgués– se trata de un gobierno capitalista. Que aunque “atípico”, está haciendo reformas limitadas que en definitiva no resuelven de manera consecuente las reivindicaciones planteadas en Octubre.

Por el contrario, sostenemos que para poder resolver de manera consecuente estas tareas –propiedad del gas, Asamblea Constituyente, liquidación del estado racista– se deberá avanzar en la experiencia y ruptura con el gobierno de Evo, en la construcción de un Instrumento Político Independiente de los Trabajadores y en la puesta en pie de la Asamblea Nacional Popular y Originaria. Que deben tener la perspectiva de un auténtico gobierno obrero, originario, campesino y popular, superando la trampa que constituye el actual gobierno de Frente Popular.