México: la lucha de los mineros de Michoacán

Fox y el PRD se unen para reprimir a los obreros

Por Oscar Alba

El gobierno nacional del Partido Acción Nacional y el gobierno del estado de Michoacán, en manos del PRD, tienen las manos manchadas de sangre minera tras la salvaje represión del 20 de abril, que dejó como saldo dos compañeros muertos. Pero los trabajadores no retroceden, y las multitudinarias manifestaciones del 1º de mayo mostraron que su ánimo de lucha está más firme que nunca.

El 2 de abril estalló la huelga en el complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en la ciudad puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, al oriente del país. Lo que desató el conflicto fue la política del gobierno del presidente Fox de lanzar  un ataque contra el sindicato minero, expulsando a su principal dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, imponiendo a Elías Morales, un personaje de su entera confianza, y desconociendo la organización en la planta.

Ante esta situación los mineros tomaron la planta. La Secretaría de Trabajo declaró ilegal la huelga y ordenó el desalojo. Pocos días antes de la represión, en una gira, el presidente Vicente Fox (PAN) le aseguró a Felipe Manuel Maya Bucio, secretario de seguridad e higiene de la sección 271 del sindicato minero, que no habría agresión a los trabajadores. “48 horas después, vemos como el Presidente incumple su palabra”, declaró Bucio (La jornada de Morelia).

El jueves 20 de abril, a las siete de la mañana arriban al complejo siderúrgico 800 efectivos de la policía local, la policía federal y grupos antimotines para desalojar a los trabajadores que habían tomado la planta y llevaban ya 19 días de huelga. Las fuerzas represivas ingresaron por la parte trasera de la acería y tomaron por sorpresa a los trabajadores que se encontraban agrupados en el portón principal. Esto hizo que, en un primer momento, los mineros se dispersaran. “Sin embargo, dos horas después arribaron más obreros, y con palos piedras, varillas y hasta máquinas excavadoras replegaron a los policías al interior de la planta, por el mismo lugar donde llegaron” (Idem).

Las balas asesinas de la policía se cobraron la vida de dos obreros: en el enfrentamiento cayeron  José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Álvarez Gómez, representante sindical en la comisión mixta de la empresa Mittal Steel. También fueron heridos de bala varios trabajadores. “Cuando Mario Alberto Castillo se desplomó, tras recibir la bala que le destrozó el cráneo, un policía le puso el pie en la cabeza y, envalentonado, gritó frente a los otros obreros que se hallaban a unos metros: «¡A ver, vengan por él! ¿Lo quieren? ¡Pues vengan por él!»” (La jornada, 22/4)

El enfrentamiento duró siete horas, y fue fundamental la llegada de obreros de otras plantas que se unieron solidariamente para enfrentarse también con la policía. Ante el embate de los trabajadores, la policía se tuvo que replegar y los obreros pudieron mantener el control de la planta. Poco después, el ejército y la marina se apostaron en los centros neurálgicos de la ciudad.

Horas después del enfrentamiento, alrededor de las seis de la tarde, con la policía ya replegada, se realizó una marcha de alrededor de mil mujeres, esposas e hijos y familiares de los trabajadores, que partió del monumento al minero, para repudiar la represión y exigir la renuncia del Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz. La movilización recorrió las calles de Lázaro Cárdenas hasta llegar a la puerta dos de Sicartsa donde estaban los huelguistas

La patronal justifica la represión del gobierno

Desde la vereda opuesta a los trabajadores rápidamente se hicieron oír las voces patronales. Ricardo Rubí Bustamante, presidente de Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el sector “está de acuerdo con la aplicación de la ley. Para eso está la fuerza pública: para someter a los ciudadanos que violan la legislación”. Por su parte, Eduardo Sánchez Martínez, dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que no se puede hablar de represión con respecto a lo que ocurrió en Sicartsa, ya que la policía y el Grupo de Operaciones Especiales actuaron con “apego a la ley y al estado de derecho”.

Mientras tanto, el gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Lázaro Cárdenas Batel (del PRD), en un primer momento, se lavó las manos del asesinato de los dos mineros y de la acción del desalojo. Entonces, afirmó descaradamente que el GOE –grupo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal– iba desarmado. Pero el lunes 25 de abril, el propio gobernador del estado declaró que su gobierno asumía la responsabilidad por los agentes que dispararon en el enfrentamiento. “Estos agentes tendrán que ser castigados como tendrán que ser castigados sus jefes. Yo no autoricé, en ningún momento, que llevaran armas”, explicó Lázaro Cárdenas a la televisión mexicana (Provincia, 22/4)

Un día después del enfrentamiento de los mineros con la policía, representantes del equipo gubernamental llegaron hasta Lázaro Cárdenas a buscar un arreglo al conflicto. La heroica resistencia obrera al desalojo obligó al gobierno de Fox a tratar de negociar. Junto con esto, en Morelia, capital del estado de Michoacán, se conocían las renuncias del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Gabriel Mendoza Jiménez, y de Jaime Liera, coordinador de la Policía Ministerial. 

Los trabajadores han planteado condiciones para sentarse a la mesa de negociación. En primer lugar, el desistimiento de la empresa, del Grupo Villacero, de por lo menos 30 demandas penales contra dirigentes sindicales mineros. Y que la empresa reconozca a Gómez Urrutia como legítimo representante de los mineros. También plantean que se vayan la policía estatal y  la federal de la zona del conflicto. 

El Sindicato Nacional de mineros solicitó a su vez la investigación sobre los responsables de los asesinatos de Castillo Zúñiga y Alvaro Gómez y las agresiones recibidas por otros trabajadores, algunos de los cuales se encuentran en grave estado.

La lucha continúa

El 24 de abril, a cinco días del enfrentamiento, aún no había ninguna oferta en concreto de la representación del gobierno hacia los trabajadores. Lo cual indica que la lucha, lejos de resolverse, va a continuar.

El sector minero en México agrupa a 270.000 trabajadores y lleva alrededor de dos meses en lucha. Desde la trágica explosión en Pastas de Conchas, donde murieron 63 mineros y se realizó una huelga general, ha habido paros en varias empresas mineras del país. La patronal minera dice que por cada paro tiene pérdidas de 5 millones de dólares.

Sicartsa es el complejo siderúrgico más grande y la mayor productora de varilla corrugada en América Latina.  Como otros centros mineros, fue una empresa estatal hasta que la ola privatizadora de los 90 llegó a ese sector industrial. El año pasado, los trabajadores de este complejo, mediante una gran huelga lograron imponer un aumento salarial superior al “techo” que venía estableciendo el gobierno de Fox. También se vienen registrando huelgas en otras minas.

Este 1º de mayo, más de cinco mil trabajadores, en su mayoría miembros de las secciones 271 y 273 de Mineros, apoyados por telefónicos, maestros, empleados municipales y de la salud, entre otros, marcharon por las calles de la ciudad Lázaro Cárdenas exigiendo cárcel para los asesinos de los dos trabajadores muertos el pasado 20 de abril.

“Los manifestantes partieron del entronque de la Avenida Lázaro Cárdenas con la autopista a Morelia, y durante todo el trayecto de más de cinco kilómetros destruyeron toda la propaganda de los candidatos del PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y del diputado federal por este lugar, Pablo Aguilar Serrato, la cual incendiaron, además de pintorrear edificios públicos y comercios, con leyendas de «Fox y Batel, asesinos de mineros»” (Cambio de Michoacán, 2-5). La marcha terminó con un acto en la puerta de Sicartsa.

En Morelia se manifestaron 75.000 trabajadores el 1º de mayo, levantando como consignas centrales la solidaridad con la lucha de los inmigrantes en Estados Unidos y el apoyo a los mineros.

En el Distrito Federal, en el acto que realizaron los llamados sindicatos independientes, el dirigente telefónico Francisco Hernández Juárez, sostuvo que “este apoyo impulsa más la opción para convocar a una huelga general antes de las elecciones del 2 de julio” (Notimex). Participaron del acto centrales obreras como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, los gremios universitarios, de telefonistas y de servicios aéreos, entre otros.

Sin duda, la lucha de los mineros de Michoacán se está convirtiendo en el punto más alto de la lucha de los trabajadores mexicanos contra la política antiobrera del presidente Fox. Se plantea entonces la necesidad de avanzar en la unidad obrera sobre la base de la independencia de las organizaciones sindicales del Estado y el gobierno y la democracia directa de los trabajadores. En este marco, se impone construir una herramienta política para terminar con el régimen y la voracidad capitalista en el “patio trasero” del imperialismo yanqui.