Incendio y muerte en un taller clandestino

La precarización laboral no reconoce fronteras

Por Oscar Alba

A poco de destituido Ibarra por su responsabilidad en la masacre de Cromañón, una nueva tragedia enlutó la ciudad. Y otra vez, la corrupción de las instituciones y la falta de control fueron cómplices de la muerte de trabajadores y niños víctimas de la superexplotación capitalista.

El trágico incendio del taller textil de Caballito, el 30 de marzo pasado, se llevó la vida de dos trabajadores bolivianos y cuatro chiquitos de la misma nacionalidad que trabajaban y vivían allí, en condiciones inhumanas.

Luego de ocurrido el incendio, Jorge Telerman, flamante jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, anunció el lanzamiento de un plan para combatir el trabajo ilegal, y Enrique Rodríguez, ministro de la Producción, será interventor de la policía de trabajo de la Ciudad. Estas primeras medidas, por supuesto, llegan muy tarde. La existencia de talleres clandestinos viene desde hace varios años y es conocido por los trabajadores y vecinos de los barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires, lo cual pone al desnudo la hipocresía de funcionarios, empresarios y burócratas sindicales que ahora salen a culparse mutuamente.

Al derribarse el techo de la fábrica textil por efecto de las llamas, los dos trabajadores bolivianos y las criaturas no pudieron escapar y murieron carbonizados. Fue el fin de un camino de superexplotación y moderna esclavitud por el que vienen transitando decenas de miles de inmigrantes bolivianos. Un camino que inician en su propia tierra, empujados por la miseria, la desocupación y la marginalidad. Es el caso, por ejemplo de Sonia Aruquipa de 41 años, que pensó encontrar cierta salida de la pobreza en uno de los tantos talleres del barrio de Flores. “Me la pasaba agachada, ordenando, barriendo, cocinando. Me daban unos minutos para comer y de vuelta a trabajar” (La Nación, 1-4-06) En ese taller Sonia debía trabajar dieciocho horas, encerrada  y durmiendo muchas veces sobre cartones junto a su hijito al lado de las máquinas.

El circuito internacional de la superexplotación

Estas víctimas de la precarización laboral capitalista son reclutadas en Bolivia. Allí, los trabajadores son engañados mediante promesas de buenos sueldos y un alojamiento en cuartos luminosos y aireados. El trabajador es contratado y el tallerista se compromete a pagar el traslado, gasto que luego el trabajador irá devolviendo. En esta ruta de la esclavitud, empresas de micros, controles fronterizos y hasta funcionarios de Migraciones se organizan para que el trabajador ingrese al país indocumentado y totalmente a merced de la voracidad patronal.

En la terminal de La Paz, estas empresas suelen oficiar de prestamistas, dándole al trabajador entre 500 y 600 dólares para que pueda demostrar en la frontera que ingresa como turista. En otros casos, la empresa de micros avisa a las autoridades fronterizas que llevan “paquetes” para que no los revisen. Una vez en las terminales de Liniers o Retiro, los trabajadores son llevados en remises hasta el taller en el cual serán recluidos bajo amenazas y malos tratos. El gobierno porteño tuvo que reconocer que en Capital Federal habría por lo menos 1.600 talleres en estas condiciones,  empleando a casi 10.000 trabajadores.

Estos talleres clandestinos trabajan tanto para marcas truchas como para marcas de primera línea. “Por una campera termosellada que en un local de Florida cuesta entre 300 y 600 pesos, al costurero le pagan 1,50 pesos” (La Nación, 1-4-06) De esta manera, las ganancias patronales, tanto del comercio que las compra como del tallerista, son extraordinarias. Mientras tanto, el obrero que las confecciona ve avanzar su cansancio y su pobreza en la misma medida en que sus expectativas de una vida mejor y la posibilidad de enviar unos pesos a Bolivia se evaporan.

La Cámara patronal de la industria textil salió a decir, entre otras cosas, que esta red de talleres clandestinos constituía una “competencia desleal”. Por otro lado, algunos voceros de esa industria agrupados en la asociación Pro Tejer aclararon que se “trataba de un establecimiento irregular que nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos por una industria textil”. A este coro patronal también se arriman algunas voces de la burocracia sindical que, como siempre, no han hecho nada para evitar las condiciones infrahumanas de trabajo a la que vienen siendo sometidos los trabajadores de esos talleres. La competencia intercapitalista no reconoce más parámetro que el de la ganancia, y esos patrones que hablan de “competencia desleal” de parte de coreanos o patrones bolivianos ocultan que la superexplotación en esos talleres también les permite a ellos mantener salarios de hambre con sus trabajadores.

Por una solución que defienda los intereses de los trabajadores

El lunes 3 de abril por la tarde se realizó una concentración de la comunidad boliviana en el barrio de Flores Sur. Allí estaban aquellos que denunciaban a los talleristas y aquellos que pedían que no se clausuraran los talleres pues se quedaban sin trabajo y sin techo (por ejemplo, las familias que habitaban el taller que se incendió se encuentran alojados en un club de la calle Gregorio de Laferrere, en Floresta). En este sentido, la lucha contra la precarización laboral debe ser entendida como una lucha global contra las patronales nacionales, bolivianas, coreanas o de donde sean. Y contra los Evo Morales y los Kirchner que a uno y otro lado de la frontera se llenan la boca de frases progresistas pero coinciden, y lo han dicho, en hacer respetar la propiedad privada. O sea, los intereses patronales.

De hecho, las clausuras del gobierno de Telerman –que antes hacía la vista gorda– sólo lograrán lo que ya está sucediendo: arrojar a los trabajadores desesperados en brazos de sus propios patrones esclavistas. Por el contrario, una solución que contemple los intereses de los trabajadores sería eliminar las condiciones que permiten la explotación salvaje. Y esto pasa, en primer lugar, por legalizar de manera inmediata y gratuita a los trabajadores y sus familias, dándoles residencia legal, DNI y vivienda digna. En segundo lugar, el régimen de trabajo de los talleres debe terminar, pero eso no significa que los talleres deban cerrar definitivamente privando a los obreros de su fuente de trabajo. Al revés: la Ciudad puede y debe expropiar los talleres –por supuesto, sin indemnizar a sus ex patrones, negreros, evasores y delincuentes– y hacerlos funcionar con el régimen laboral vigente, bajo control de los trabajadores.