Se fueron Suez y Aguas Argentinas

El fin del “contrato modelo”

Por Marcelo Yunes

Con la rescisión de la concesión a Aguas Argentinas se cierra uno de los capítulos más infames de las privatizaciones de los 90. Pero a no engañarse: no hay “oleada estatizadora”, sino el típico pragmatismo de un gobierno que siempre defendió el contrato con la empresa, y que adoptó la medida a regañadientes.

Como siempre, Kirchner salió a boquear contra la compañía francesa Suez, principal accionista de Aguas, acusándola de ganar cientos de millones y brindar un servicio pésimo. No opinaba así hace menos de dos años, cuando renovó la concesión firmando lo que el propio presidente llamó “un contrato modelo”.[1] Por supuesto, este gobierno que aprovecha al máximo los gestos y las primeras impresiones se preocupó de dejar la imagen de un fiero defensor de los usuarios, que le pegó un portazo de manera intempestiva a la compañía. Pero mirar las cosas más de cerca y encontrar que la realidad es la opuesta a la que se pregona en las tapas de los diarios es casi la misma cosa.

Una concesión escandalosa

La verdad es que Aguas Argentinas y en particular Suez se querían ir del país desde el día después de la devaluación. En julio del año pasado Suez se fue de Aguas de Santa Fe, y en ya en septiembre de 2005 la empresa anunció que rescindía el contrato. Desde ese momento, el gobierno hizo innumerables gestiones para encontrar un nuevo operador privado: tentó a Agbar (Aguas de Barcelona), a grupos inversores locales y extranjeros, a los accionistas menores de Aguas. Todo en vano: los interesados no aparecieron.

Así, como señala un analista, la creación de una operadora estatal, AySA (Aguas y Saneamiento Argentinos) no fue ni la primera ni la segunda opción, sino la de descarte, la que menos quería el gobierno.[2] Lo mismo reconoce un economista neoliberal que no siente la menor simpatía por Kirchner, Carlos Melconian: en el gobierno “no hay afán estatista”, sino que se ve forzado a “tomar el control cuando no tiene otro remedio”.[3]

Pasa que la posición de Aguas Argentinas era insostenible. Como el gobierno, dedicado a contener la inflación, no aceptó los aumentos salvajes que pedía Suez, la firma francesa empeoró el servicio hasta límites escandalosos. Hay múltiples denuncias ante todo tribunal existente contra AA por el suministro de agua intomable, con un contenido de nitratos muy superior al máximo aceptable. Las propias boletas de AA en la zona sur del GBA aconsejaban a embarazados y niños no consumir el agua que ellos mismos proveían.[4] El resultado es que no menos de 300.000 personas tenían su salud en riesgo por el manejo irresponsable de AA.

Al desinterés por la salud se le sumaron actitudes que lindaban con el sabotaje. La compañía había advertido que la presión de agua podía bajar en el verano pasado (ya con la decisión tomada de irse). Resulta que cuando se hicieron los primeros controles, la presión bajaba porque ¡desconectaban las bombas durante la noche para reducir gastos! [5]

A todo esto, las ganancias de Aguas en las buenas épocas del 1 a 1 eran siderales: según un estudio de FLACSO, el beneficio sobre el patrimonio neto promedió hasta 2001 casi un 20%, es decir, el triple que la media de la actividad en EEUU o Gran Bretaña, por ejemplo.[6] Lo que no tiene nada de extraño, si  se recuerda que jamás cumplieron los compromisos de inversión, gracias a los cuales recibían jugosos aumentos de tarifas.

Lo más indignante es que, con todos estos antecedentes, Kirchner no sólo renovó la concesión en un “contrato modelo”, sino que el acuerdo con Suez no la obligaba a levantar la demanda contra el Estado argentino ante la corte internacional de arbitraje (CIADI). Gracias a esa concesión de Kirchner, ahora Suez reclama nada menos que 1.700 millones de dólares por sus “inversiones”, con el respaldo del gobierno francés.

¿Control de los trabajadores o negocios de la burocracia?

El director de AySA es Carlos Ben, que hasta el día de la rescisión era director adjunto de Aguas Argentinas. Siempre fue socio político del burócrata del sindicato, José Luis Lingeri; ambos fueron menemistas rabiosos y defensores de la privatización de Obras Sanitarias. Lingeri ahora se dice kirchnerista y es el número dos de la CGT detrás de su nuevo aliado, Hugo Moyano.

La burocracia está feliz de la vida con AySA, porque el gobierno le respeta el 10% de la compañía gracias al PPP (Programa de Propiedad Participada) de la época de María Julia. Ese porcentaje teóricamente de “los trabajadores” es en realidad administrado por el sindicato, es decir, por Lingeri, quien, eufórico, calificó a Ben de “amigo”.

El gobierno, por boca del ministro De Vido, anunció su intención de armar un plan de inversiones por un mínimo de dos años, aunque ya hay quienes hablan de “planes quinquenales” y se rechazó todo aumento de tarifas. En todo caso, está claro que, aunque la “estatización” haya sido evidentemente resuelta de manera apresurada e improvisada, AySA pasará a ser parte del andamiaje político del operativo Kirchner 2007.

En efecto: de la mano del superávit fiscal, el gobierno empieza a consolidar una política de manejar los subsidios a las empresas de servicios privatizados como herramienta política. Eso no significa, en absoluto, que haya que descartar aumentos de tarifas: en el gas ya se aprobó un aumentazo retroactivo a julio de 2005 para industrias y comercios, que tarde o temprano hará presión sobre los precios al consumidor. Pero el gobierno sabe que si se desbocan las tarifas, a la inflación no la para nadie. Y eso no es bueno para los objetivos reeleccionistas.

Por lo tanto, Kirchner buscará calmar a las privatizadas con aumentos no tanto en las tarifas como en los subsidios. De paso, el hecho de que una proporción creciente de los ingresos de las compañías dependerá del aporte estatal y no de la facturación será una elemento que el gobierno usará como arma de presión.

En este esquema, la burocracia sindical tiene un rol importante para jugar. Tanto en las compañías privatizadas como en las estatizadas, la burocracia funcionará como aliada del gobierno contra los trabajadores y también contra las compañías que resistan los designios kirchneristas. En recompensa, el gobierno le concede cuotas de decisión (como en AySA o la ex línea San Martín) o le facilitará asumir el rol de operadora directa vía el sindicato (como en la próxima licitación por el Belgrano Cargas y otras concesiones en la cuerda floja).

De esta manera, el gobierno y sus aliados ponen hacen de servicios esenciales para la población, como el agua, prenda de negociación política para el proyecto Kirchner 2007. Como resumió Lingeri, “los trabajadores no tenemos vocación de poder [para eso está el compañero presidente], lo que queremos es poner el hombro”.[7] Traducción: que Kirchner saque rédito político, que la burocracia administre su 10%, y que los trabajadores se deslomen al servicio de ambos.

Por eso, contra todo el verso oficial de que “los servicios vuelven al Estado y al pueblo”la única posibilidad de garantizar tanto una prestación digna del servicio como los derechos y el ingreso de los trabajadores es estableciendo un control efectivo de la gestión por parte de los trabajadores.

Notas:

1. Ver al respecto “Aguas Argentinas, champán francés”, en SoB Nº 40, mayo 2004.

2. Alfredo Zaiat en Página 12, 22-3-06.

3. La Nación, 22-3-06.

4. Los nitratos dificultan la oxigenación de la sangre, especialmente en niños pequeños. De allí que se hayan registrado casos del llamado “síndrome del bebé azul”, o cianótico, esto es, que toman ese color por la mala oxigenación de la sangre. El 90% de los casos informados en los últimos años se originaba en la mala calidad del agua (Página 12, 23-3-06).

5. Ver la columna de Alfredo Zaiat en Página 12, 23-3-06.

6. La Nación, 22-3-06.

7. Clarín, 22-3-06.