Educación

¿Ciencia para quién?

Por Inés, Filosofia - UBA

En las últimas semanas los medios dieron publicidad al convenio firmado por la empresa Siderca-Tenaris y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dependiente del gobierno nacional).

El acuerdo fue anunciado como “la primera vez que una empresa y ese organismo cooperan para el desarrollo de investigaciones”. Pero esa no es la novedad, ya que este tipo de convenios se vienen dando desde hace años, y muestran la creciente subordinación de la ciencia y la investigación a las necesidades del gran capital.

Eduardo Charreau, presidente del CONICET, señaló que “gracias al esfuerzo de ambos... ahora será posible darle mayor valor agregado a las exportaciones” (La auténtica defensa, Campana, 3-2-06). Por su parte Siderca, que vende al exterior el 70% de su producción local, estimada en unas 850.000 toneladas de tubos de acero, indicó que esta incorporación de investigadores le dará nuevas herramientas para aumentar su potencial de proveedor de acero para la industria.

Guillermo Noriega, titular de Tenaris, indicó que “la investigación y el desarrollo muestra competitividad en el mundo”. Mientras el CONICET aporta el trabajo calificado de los investigadores, con el cargo de investigador en empresa, Siderca se hace cargo de los sueldos y equipamiento, y además aportará cinco becas por año por cada profesional incorporado.

Eduardo Charreau señaló a La Nación (6-2-06) que su gestión “ha tendido puentes con el sector privado para que la comunidad científica se acerque más a las demandas reales del país. Esto permite que la conciencia ciudadana aprecie mejor el papel que cumplen los investigadores en nuestra sociedad”.

Suena bien. Pero veamos más de cerca qué quiere decir “las demandas reales del país”.

Como dijimos más arriba, Siderca es una de las empresas líderes en caños sin costura, con filiales hasta en Japón. O sea que los investigadores que fueron formados en las universidades nacionales aportan un “gran valor agregado” a una empresa que factura millones y millones, con salarios mínimos como los del CONICET.

Por otra parte, estos acuerdos son resultado del cambio de orientación en la política del gobierno respecto de la investigación científica El gran giro lo dio el gobierno de Menem, donde lo importante es dirigir el organismo hacia investigaciones que tengan aplicación en la producción.

Esto es la colaboración con empresas privadas: la expresión “las demandas reales” del país se refiere básicamente a lo que puedan necesitar las grandes empresas para aumentar sus ganancias.

Un ejemplo triste es el escaso apoyo que recibe la investigación y sobre todo la aplicación de políticas para la erradicación del mal de Chagas. Según el Ministerio de Salud, la proyección de datos de 1992 indica que habría hoy unos 2.300.000 infectados. Sin embargo instituciones como la Asociación de Lucha contra el Mal de Chagas y la Fundación Pedro Echagüe calculan que hay alrededor de 6 millones de infectados.

En sus conclusiones sobre el estado actual de la enfermedad, el CELS señala “sencillamente... no existen estadísticas sobre la cantidad y localización de los infectados por el mal... y por lo tanto resulta imposible diagramar una política efectiva a fin de tratar a los afectados por el mal y tender a la erradicación definitiva de la enfermedad” (www.cels.org.ar).

Lo interesante del caso es que el CONICET sólo tiene un (1) proyecto aprobado para el tramo 2005-2006 sobre el mal de Chagas. Es decir, el CONICET da poca importancia a proyectos que no estén vinculados con la ciencia aplicada rentable.

Menos aún hay espacio para la ciencia básica, esto es, la que no tiene aplicación tecnológica inmediata, ni para las áreas de ciencias sociales y humanidades.

Según podemos leer en la página web del CONICET, “la iniciativa plasma un ejemplo más de eficiente articulación entre los sectores público y privado y reafirma el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo de una Argentina productiva sustentada en el conocimiento”.

Claro, habría que preguntarse productiva para quién. Parece que para las empresas...

Otro ángulo de la cuestión es que el producto de lo que se investigue, es decir, los descubrimientos que puedan hacer los investigadores, están atados a la cláusula de confidencialidad del convenio. Es decir, todo conocimiento resultado de estas investigaciones es propiedad de Siderca y no puede ser divulgado.

Hace unos años se dio un debate bastante serio en relación con las patentes del genoma de determinados animales. Las empresas farmacéuticas que habían financiado las investigaciones pretendían tener la patente sobre el genoma de esos animales, es decir, convertirse en dueñas del mapa genético de esos bichos. Vale decir, el conocimiento no es más patrimonio de la humanidad para seguir investigando, sino propiedad de empresas para hacer mejores negocios. Porque, obviamente, la empresa cobraría regalías a todo aquel que quiera usar el genoma de los animales para otras investigaciones o medicamentos.

Finalmente, hay un debate alrededor de la utilidad de la ciencia, no tan “práctico” ni inmediato.

Si las empresas son las que deciden qué investigar, cómo y son dueñas de los resultados, la ciencia se empobrece indefectiblemente. ¿Se imaginan si Copérnico hubiera sido el empleado de una empresa privada? Tal vez  el centro del universo seguiría siendo la tierra... pero eso sí, la empresa hubiera tenido un genio a disposición para hacer ganancias.