Bolivia

El engaño de la Constituyente pactada

Un gran tema en la agenda del nuevo gobierno es el de la Asamblea Constituyente, un reclamo muy sentido entre las masas, sobre todo por los sectores originarios, ante todo por el carácter opresor y racista del Estado boliviano. La mayoría de la población ve en la Constituyente la posibilidad y el ámbito donde se puedan resolver sus problemas imponiendo su mayoría numérica por la vía electoral.

Es en este sentido que la Asamblea Constituyente podría o bien transformarse en una caja de resonancia frente a la fragmentación política, económica y social del país, o bien encauzar un proceso de relegitimación del régimen y estabilización política. Es en este sentido que va a trabajar el gobierno del MAS. Ha sido categórico García Linera en que pretenden llevar adelante un pacto con los distintos sectores patronales y de las regiones.

En este marco, junto con la negociación de “autonomías” con las regiones petroleras habrá concesiones menores de tipo democrático para dejar contentos a los sectores más excluidos. Pero que, lamentablemente, al no generarse las condiciones económico-sociales para poder aprovecharlas, pueden no terminar siendo más que papel mojado.

Desde el punto de vista de la derecha y los sectores más reaccionarios, buscarán atenuar el carácter “unitario” del Estado para hacer valer el peso de las autonomías. Esto guarda estrecha relación con el monopolio de los recursos naturales que buscan para sí. Por su parte, el MAS y la burguesía del Altiplano afirman la “unidad” del Estado porque necesitan que el reparto de los ingresos por los recursos petroleros llegue a todas las regiones del país. Pero en todo caso, lo que el nuevo gobierno no cuestiona es el carácter capitalista del Estado boliviano, y la Constituyente, como la concibe el MAS, es sólo como una serie de reformas a nivel del régimen político para su relegitimación, pero sin un solo objetivo de transformación social real.

La Asamblea Constituyente, por sí misma, no resuelve las tareas planteadas en las calles por las masas populares. Si no cambian radicalmente las condiciones materiales y de vida de las mayorías explotadas y oprimidas, las medidas de “democratización” serán sólo formales. Ésta y no otra es la trampa de la Constituyente pactada de Morales y Linera. Porque no será de la mano de ellos que vendrá la verdadera Constituyente Revolucionaria que se exigió en los levantamientos populares. Y que aunque declare formalmente el carácter multiétnico y multicultural del país, no acabará realmente con el racismo imperante en Bolivia.

Concesiones a la burguesía cruceña

Al cierre de esta nota se aprobaba la “Ley de Convocatoria a la Constituyente”. Esto significa que finalmente se ha “concertado” una Constituyente que nada tiene que ver con la que ha pedido el pueblo en las calles. Los “supuestos” y “rumores” de que la Constituyente estaba “en riesgo” constituyeron una pantalla tras la cual se negoció, cediendo ante la propuesta cruceña, una Constituyente totalmente amañada.

El proyecto gubernamental contemplaba un número de 210 asambleístas, mediante la elección de tres por cada una de las 70 circunscripciones uninominales; los candidatos sólo pueden presentarse por medio de partidos u organizaciones ciudadanas constituidas. Y si durante la campaña Evo Morales propagó la idea de llevar a delante una Asamblea Constituyente con poderes ilimitados mediante la cual se refundaría el país, tanto su proyecto como el que finalmente se aprobó dejan por lo menos dos cosas claras. La primera, que mintió al prometer que la Asamblea contemplaría formas de representaciones comunitarias y corporativas, pues ya ha quedado descartaba la participación de pueblos y organizaciones indígenas y campesinas dada por usos y costumbres, así como la de los sindicatos. Frente a esto, Morales sólo pidió “comprensión” a sus seguidores. Y la segunda, que se ponen en duda los objetivos mismos de la Asamblea, ya que lejos de poseer “poderes ilimitados”, se basará sobre y respetará los poderes constituidos. Y esto no tiene nada que ver con “refundar al país”, con la ejecución de medidas radicales que impliquen transformaciones de fondo. Hoy queda claro que en lo que siempre hubo consenso en la burguesía es en que la Constituyente debía ser “derivada” y no “originaria”, como se prometió tiempo atrás.

Así, es que el proyecto del ejecutivo suscitó críticas y resistencias. Pero la que finalmente se impuso fue la posición de Santa Cruz, apoyada por Podemos, UN, MNR y otros. La ley aprobada plantea una Asamblea compuesta por 255 constituyentes, de los cuales 210 serán elegidos en las 70 circunscripciones, tres en cada una de ellas; dos por primera mayoría y dos por segunda. Los restantes 45 serán elegidos cinco por cada circunscripción plurinominal departamental: dos para la mayoría y uno para la segunda, tercera y cuarta fuerza. Y los candidatos serán registrados a través de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o por pueblos indígenas. Así, excusándose en el hecho de que para la aprobación de la “Ley de convocatoria a la asamblea” se necesitaba de dos tercios en el Parlamento, que sólo podrían lograrse mediante acuerdo entre el gobierno y la oposición, Morales también ha cedido a esta presión.

Nuevamente el gobierno del MAS echa por tierra parte sustancial de las promesas electorales y ni siquiera en los más elementales derechos democráticos cede a los sectores y a la población en general que en diciembre lo votó y depositó esperanzas en su gobierno.