Los
“acuerdos de precios” vienen con trampa
El
gobierno contra los salarios
El
escenario ya está planteado: la gran pelea de 2006 va a ser por quién es el
principal sostén del súper-superávit fiscal: si los trabajadores perderán
poder de compra del salario frente a la inflación o si la clase capitalista va
a ser obligada a resignar parte de sus súper ganancias. El gobierno, por
supuesto, ya dejó bien clara su postura: la gran amenaza inflacionaria son los
aumentos de sueldos, por lo que Kirchner salió a decir que el objetivo es que
sean lo más bajos posible.
En
el pérfido lenguaje K, la expresión “todos tenemos que hacer sacrificios”
significa “ustedes, trabajadores, desocupados y jubilados, tienen que
sacrificarse para que las ganancias récord de la patronal y los acreedores de
la deuda no estén en peligro”
La
patronal ha cambiado ligeramente de enfoque: si el año pasado decía que sólo
podía haber aumentos basados en la productividad,
ahora dice que todo ajuste salarial debe tener como referencia el índice de inflación.
Ya citamos hace unos números que la Sociedad Rural, por ejemplo, sugería que
el porcentaje de aumento debía ser el mismo que la inflación pautada en el
Presupuesto 2006.
La
propuesta del gobierno no es muy distinta: pide “un piso de un 10% y un techo
del 20%”. Los “gordos” de la CGT, modelo de “prudencia” al servicio de
la paz social, reclama un poco más: piso de 15% y techo de 35%. Pero ya sabemos
que los muchachos tiran eso para negociar por menos…
La
trampa está en marzo
Mientras
tanto, el gobierno festeja como un triunfo el índice de inflación de enero:
1,3%. Pero cuidado: los famosos “acuerdos de precios” encierran engaños que
hay que desentrañar.
Primero,
el gobierno hace los acuerdos con la lista del INDEC en la mano. Es decir, se
concentra en aquellos artículos que pueden mover la medición que hace el
instituto oficial, donde el peso de cada producto en el total de la canasta
“estadística” no es igual que en la canasta real. Así, los productos que
tienen mucho consumo popular pero una ponderación menor en la canasta del INDEC
no recibirán particular atención. Al
gobierno le interesa el número estadístico final, no el verdadero impacto
sobre el bolsillo de la población. Por eso los acuerdos son “quirúrgicos”:
no buscan controlar el conjunto de la canasta, sino los que mide el INDEC. Así
se genera un índice de precios “virtual”.
Esto
es más importante de lo que parece. Desde la devaluación hasta ahora, los
salarios, que aumentaron nominalmente un 68%,
pierden “por puntos” contra la inflación, que aumentó un 74%. Pero
si consideramos los rubros de más consumo popular (alimentación y artículos
de limpieza), se transforma en una derrota
por nocaut, ya que esos rubros aumentaron un 103 y un 105%, respectivamente.
Segundo
y principal elemento de trampa: tanto el gobierno como las empresas saben que
esos acuerdos son de corto alcance (dos o tres meses a lo sumo) y que como
estrategia para contener los precios es totalmente insuficiente. Pero cumplen
una función muy importante: “dibujar”
un índice relativamente bajo para el primer trimestre.
¿Para
qué? Pues para que cuando se hagan las paritarias de los gremios “testigo”
–en marzo o abril–, se tome como referencia ese índice de inflación
trimestral dibujado, contenido
artificialmente y listo para desbocarse. Lo que los economistas llaman
“inflación subyacente” no va a estar presente en las negociaciones
colectivas. Y entonces, todos chochos: la burocracia sindical va a decir que
logró aumentos “por encima de la inflación” (virtual), la patronal elogiará
la “responsabilidad” de la CGT y el gobierno saldrá a decir que “las
variables económicas están bajo control”. ¿Todos chochos? No: los
trabajadores van a tener que lidiar el resto del año con la inflación real, y
para evitar seguir siendo el pato de la boda, tendrán que salir a la pelea.
Para
no hablar de los sectores de trabajadores que están fuera de todo este esquema.
Como señala Claudio Katz en su último trabajo sobre la economía argentina, el
mercado laboral está fragmentado en tres
franjas bien diferenciadas: trabajadores privados en blanco, trabajadores
estatales y trabajadores en negro (sobre todo, pero no exclusivamente, en la
actividad privada). Los únicos que han logrado cierta recomposición en los dos
últimos años son los de la primera franja, incluida en las paritarias. Pero
tanto estatales –agobiados por la política de austeridad fiscal al servicio
del superávit– como trabajadores en negro (un 47%
del total de la fuerza de trabajo) han visto desplomarse sus ingresos en un 28%. [1]
Precios,
salarios, tarifas, impuestos
A
todo esto, las compañías que entraron en los acuerdos de precios ya empezaron
el chantaje: “nosotros ya hicimos el esfuerzo, así que no vengan a pedir
grandes aumentos salariales”. Es una advertencia bastante explícita a
Kirchner de que si el gobierno no cumple su papel para moderar los reclamos
salariales, los acuerdos no se renovarán y volarán por los aires. Y viceversa:
las empresas van a usar esos mismos acuerdos –y la “inflación controlada”
para el período en que tienen vigencia– como argumento para reclamar
“prudencia salarial”.
Ya
el especialista en explotación laboral de la Unión Industrial, Funes de Rioja,
hizo saber que la entidad espera “firmeza del Gobierno para encauzar la
discusión”. Y en la propia CTA reconocen que “los acuerdos de precios serán
una clara restricción para la negociación colectiva”. [2]
Mientras
tanto, el gobierno bate el parche de que la economía sigue creciendo, junto con
el empleo. Pero incluso un consultor cercano al gobierno como Artemio López
reconoce que “los nuevos empleos no están
bien remunerados por la presión del desempleo y el empleo en negro” y que
“el crecimiento económico no introdujo
un cambio sustancial en la matriz distributiva” (Clarín,
5-2-06). Enseguida nos referiremos a la “redistribución” kirchnerista.
Parte
de la “inflación subyacente” o reprimida son las tarifas de servicios, que
tienen a las compañías privatizadas en lista de espera. Se trata de un rubro
delicado, ya que movería el índice de inflación inmediatamente. ¿Cuál es la
política del gobierno? Paró la renegociación que estaba en curso hasta nuevo
aviso. ¿Esto significa que no habrá aumentos? Para nada, sino que ahora, con
el gobierno lanzado a “frenar las “expectativas” (es decir, a dibujar la
inflación de enero-marzo), el horno no está para esos bollos. Voceros de
Edesur y Edenor cuentan en voz baja que “nos dicen que eso [los ajustes de
tarifas] va a salir, pero no ahora,
que hay que esperar (…) Este tipo de aumentos saldrán cuando
la cosa esté más controlada” (Clarín,
5-2-06).
Más
claro, agua: tarifazo va a haber,
pero “no ahora” –eso le daría argumentos a los negociadores paritarios–
sino “cuando la cosa esté más controlada”, es decir, cuando los
trabajadores ya hayan caído en la trampa
y firmado los convenios con cifras convenientes para el gobierno y la patronal
Lo
que es evidente es que toda la política económica del gobierno –desde el
pago al FMI hasta el control de la inflación– tiene una llave maestra que es
el superávit fiscal. Como dicen los economistas, la caja del Estado rebosante
de plata es el ancla que permite manejar el resto de las variables.
Por
eso mismo, este gobierno que se llena la boca con la “redistribución”
mantiene una de las estructuras impositivas más regresivas del planeta. Cuando
se trata de impuestos –es decir, las arcas fiscales–, se acabó todo
“progresismo redistributivo”.
Un
estudio reciente muestra que los asalariados obtienen sólo un 25% del ingreso
global generado en la Argentina (en otras épocas llegó a ser más del 50%),
pero, sin embargo, sus contribuciones
representan el 50% de la recaudación impositiva (Clarín, 7-2-06). Esto es: de cada 4 pesos que se generan de riqueza
en este país, los patrones se quedan con tres y los trabajadores sólo con uno,
pero de cada 4 pesos que se pagan de impuestos, dos ponen los patrones y dos
ponen los asalariados.
¿Cómo
es posible? Simple: el impuesto más importante es el IVA, que grava el consumo.
Cuando un trabajador gasta su sueldo, paga un 21% de impuestos por casi todo lo
que compra. Mientras que los ricos consumen proporcionalmente mucho menos, y
muchas de sus formas de atesoramiento (acciones, plazos fijos, cuentas
corrientes) no pagan impuestos.
El
colmo de esto es que el impuesto a las ganancias –el principal impuesto a la
renta– está afectando cada vez más a los asalariados, mientras que los
patrones y los ricos conocen mil y una trampas para no pagarlo.
Los
petroleros de Santa Cruz muestran el camino
Ya
decíamos en el número anterior que la
escandalosa política de hacerles pagar impuesto a las ganancias a los
asalariados iba a traer cola. Justamente, el detonante del reclamo de los
petroleros de Santa Cruz fue el rechazo a la idea de que los trabajadores
tributen como si fueran patrones.
Ése
es el cóctel infernal que Kirchner les
propone a los trabajadores: baja inflación “virtual” para negociar
salarios, precios en escalada, tarifas esperando su turno y recortes del salario
vía impuestos; todo para engordar el superávit fiscal, madre de todas las
batallas de este gobierno. Continuando y profundizando el camino recorrido el año
pasado, los conflictos que ya despuntan en 2006 y, en particular, la lucha de
los petroleros de Santa Cruz, muestran cuál es la manera de frenar
esta política tramposa y antiobrera.
Notas:
1.
Claudio Katz, “Las tendencias de la economía argentina”, 30-12-05.
2.
Declaraciones del asesor legal de la CTA, Horacio Meguira. Lo mismo observa el
periodista especializado Alcadio Oña: “con los actuales acuerdos de precios,
el Gobierno pretende contornear –limitar, si se prefiere– las demandas en
las discusiones paritarias que se vienen” (Clarín,
4-2-06).
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