Declaración
del Movimiento al Socialismo ante los sucesos en Santa Cruz
Todos
con los petroleros
Fuera
la Gendarmería de Santa Cruz
Inmediata
satisfacción de los reclamos obreros
No
a la persecución judicial
El
país
entero está conmocionado por los hechos del martes 7 en la localidad de Las
Heras (norte de Santa Cruz). En una rebelión popular contra la comisaría de
esa localidad, se produjeron enfrentamientos que derivaron en la muerte de un
policía. Tanto Sergio Acevedo (gobernador provincial) como Aníbal Fernández y
el propio Néstor Kirchner, salieron a condenar a los “asesinos” y a
plantear que “por primera vez” la policía habría sido la “víctima”.
Se trata de la primera “víctima” en acontecimientos de protesta social bajo
Kirchner, de ahí la magnitud de los hechos.
Provocación kirchnerista
Esta
versión de los hechos es una farsa
completa: fue la propia policía (producto de la orden de la justicia
patronal y con la obvia anuencia del gobernador) la que ordenó la detención
–a la salida de una radio– de Mario Navarro, dirigente de base de los
trabajadores petroleros de la localidad. Fue esta provocación
(detener impunemente al dirigente de la protesta) y no otra cosa, la que dio
lugar a la lógica respuesta de los
compañeros trabajadores, que de inmediato, a altas horas de la noche, se
movilizaron a la comisaría exigiendo la inmediata libertad de su dirigente.
En
esas circunstancias, la policía largó una durísima represión sobre los
manifestantes. Según declaraciones de una concejal del propio Frente para la
Victoria (Roxana Totino, presente en los acontecimientos) “el comisario nos
encañonó y nos dijo que se había terminado el diálogo. Allí comenzó la
represión con balas de goma y gases lacrimógenos”. La represión no se
detuvo siquiera ante la presencia de niños: uno de ellos habría perdido un
ojo, pero de estos heridos los medios
no hablan. Esta represión fue justa y
contundentemente respondida por los
trabajadores, que como producto de su acción y determinación lograron la
libertad de Navarro.
Hay
que poner las cosas en su lugar: no se trató del “asesinato” de un policía,
sino de la respuesta de los trabajadores
ante una flagrante provocación montada por el gobierno provincial y que dio
lugar a la categórica respuesta obrera.
El
gobierno provincial y nacional son los
responsables de lo sucedido. Más aún teniendo en cuenta que hace semanas
que los compañeros petroleros vienen en conflicto contra el confiscatorio
impuesto a las ganancias, entre otros reclamos.
Las demandas obreras
Los
medios de comunicación y la campaña de calumnias del gobierno pretenden tapar,
o como mínimo soslayar, la base del
conflicto. Se trata de una lucha en contra del mecanismo del impuesto a las
ganancias que está afectando a una ancha
franja de los trabajadores.
El
gobierno de Kirchner está llenando sus arcas con un superávit que aumenta de año
a año y lo usa, por ejemplo, para pagarle íntegramente la fraudulenta deuda al
FMI, a la vez que, como es sabido, el 99%
de los capitalistas evade impuestos.
Kirchner
no hace otra cosa que gobernar para proteger los beneficios de los capitalistas
al cobrarles impuesto a las ganancias a los trabajadores con sueldos mayores a $
1800 al mes, y cuando no se trata de ninguna “ganancia”, sino simplemente
de la retribución de parte del esfuerzo de su trabajo. En el sur del país,
este problema se agrava porque la vida
es mucho más cara que en Buenos Aires o las demás provincias.
A
este reclamo se le suma la exigencia del encuadramiento
sindical de una franja de trabajadores petroleros pero que revisten en el
gremio de la construcción, razón por la cual ganan un tercio del salario de
sus compañeros. No hay que ir muy lejos para saber que incluso en la
reaccionaria Constitución Nacional está consagrado –formalmente– el
derecho a igual salario por igual tarea.
Cruzada contra el salario
El
conflicto del Sur tiene una dimensión mayor aún, de orden nacional. No se trata sólo de que el reclamo por el impuesto a las
“ganancias” (?) está sumando a
porciones enteras de trabajadores en todo el país. Se trata, además, del uso
reaccionario y antiobrero de los famosos “acuerdos de precios” que está
impulsando el gobierno. Éstos sirven poco y nada para frenar los aumentos de
los precios, pero tienen como cláusula
gatillo el compromiso de impedir aumentos salariales. Ahí es donde mueren
las palabras y la demagogia del gobierno K.
Es
un hecho que de la mano de la CGT y la CTA están buscando poner en pie un
pacto social por intermedio del cual –mediante la maniobra tramposa de los
acuerdos de precios–, se busca mantener
prácticamente congelados los
salarios, situación que llega a extremos en el caso de los empleados
estatales y docentes.
De
ahí que a pesar de las semanas que llevaba el conflicto en Santa Cruz y de los
reiterados conflictos en esa provincia, el gobierno viniera haciendo oídos
sordos, porque está embarcado en una verdadera cruzada en contra de la recuperación del salario obrero, para no
hablar de la miseria que ganan los desocupados y jubilados.
D' Elía y la burocracia sindical
En
varios medios de comunicación y por boca del propio gobernador Acevedo se
están imputando los hechos a la izquierda. El inefable alcahuete del
gobierno Luis D’Elía ha salido a acusar a “los grupos de izquierda seudo
trotskistas que atacan con las armas en la mano a gobiernos que tienen un altísimo
consenso y legitimidad popular”.
Se
trata de un nuevo caso de ataque
macartista a la izquierda que no se arrodilló ante el gobierno K. Para esa
gente no existe el ataque al salario que significa el impuesto a las ganancias,
o el hecho de que compañeros que realizan iguales tareas que los petroleros estén
encuadrados laboralmente en el gremio de la construcción para pagarle un tercio
del salario.
La
causa de los conflictos sería, para el gobierno y sus secuaces, la burda y
remanida teoría de los “infiltrados”, los “grupúsculos” que se
entrometen para generar “caos”. Pero la realidad es que los compañeros
–con toda justicia y correctamente– respondieron con contundencia ante la
provocación y represión policial.
Parte
de estos ataques provienen de la
burocracia petrolera de la región, amiga íntima y socia de Kirchner. Les
preocupa que una y otra vez conflictos obreros muy importantes sean dirigidos
por “disidentes”. Es decir, sectores independientes de las burocracias de
los sindicatos, muchas veces vinculadas a la izquierda partidaria o de tradición
de izquierda y clasista aunque sin vínculos orgánicos con los actuales
partidos.
El
gobierno y la CGT tienen la preocupación permanente ante el desarrollo de un
fenómeno que, aunque aún es incipiente, amenaza con el monopolio de la
burocracia sobre el núcleo central de la clase obrera. Por esta misma razón es
que refuerzan los ataques e intentan
desprestigiar todos los casos donde, contra viento y marea, los trabajadores se
ponen firmes. Pero, precisamente, actuar con decisión y de manera
independiente ha sido la condición del éxito en la lucha. A esto se suma haber
apelado de manera incondicional al método de la asamblea y el libre debate y
decisión entre todos los compañeros. Estos elementos han sido la base de la
serie de conflictos de trabajadores que han terminado en triunfos a lo largo del
último año.
¡Fuera la gendarmería! ¡Inmediata satisfacción del reclamo petrolero!
El
gobierno ha respondido a la lucha obrera con la campaña de calumnias y el envío
de la Gendarmería. Por lo tanto, los primeros reclamos de la hora deben ser:
-
Fuera la Gendarmería de Las Heras
-
Inmediata satisfacción al reclamo de los trabajadores
-
Hacemos responsable de los hechos al gobierno provincial y nacional
-
No a la persecución judicial y policial a los trabajadores en lucha
-
Basta de campaña macartista contra la izquierda.
Con
estas banderas democráticas y elementales debemos profundizar las
movilizaciones que ya hemos puesto en marcha entre las principales corrientes de
la izquierda, activistas obreros y movimientos de desocupados. Debemos llevar
adelante una amplia campaña de unidad de acción hasta lograr el triunfo de
esta lucha que ayude al desarrollo de la actual oleada de peleas salariales, así
como para que le sirva de advertencia a K contra su política de criminalizar
las luchas obreras.
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