Un ataque contra los sectores populares –

En los últimos días el kirchnerismo ha reflotado una vieja artimaña de la política patronal: la búsqueda de chivos expiatorios. El andamiaje es sencillo, hay crisis económica, caen los salarios, repunta la desocupación, el descontento social reflota, y frente a esto se busca algún chivo expiatorio donde redirigir el malestar social. Así, siguiendo una vieja y probada receta de cuño reaccionario, Cristina Kirchner apunto sus cañones contra los extranjeros.

El tema que trajo a colación este debate fue la reforma del Código Procesal Penal (CPP) de la Nación que se ha empezado a tratar en el Congreso. El CPP es el armazón legal que designa cómo se llevan adelante la investigación y el juzgamiento de los delitos penales bajo la jurisdicción federal. Este Código es el que establece las normas del llamado “debido proceso” que son las que deberían garantizar el resguardo de las garantías constitucionales y un freno al abuso y la discrecionalidad del Estado contra la población.

El proyecto de reforma que presentó el oficialismo fue, en líneas generales, saludado por la oposición patronal, que solo realizaron cuestionamientos coyunturales, pero que no objetaron ninguno de los artículos en concreto. Es que la reforma en grades rasgos contiene todos los deseos de la patronal argentina.

La reforma consiste en una serie de “modernizaciones” al CPP, dándoles mayor protagonismo en la investigación a los fiscales, y pasando de una matriz procesal de trámites en papel a una matriz de juicios orales. Pero bajo este barniz “modernizador” se esconde una víbora venenosa. Veamos de qué se trata.

Los extranjeros a la picota

En su discurso por cadena nacional, la Presidente de la Nación, le dedicó un largo lapso de su parlamento al aspecto de la reforma que ataca a los extranjeros que habitan en el Estado argentino. En él explicó que «Se expulsará a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito y no podrán volver a entrar por 15 años…Es una protección que merecen los argentinos, de los extranjeros que entran a delinquir». Su intervención estuvo en consonancia con las declaraciones del Secretario de Seguridad Sergio Berni quien declaró que el país esta “infectado de criminales extranjeros”.

¿Cómo funciona esta reforma? Muy sencillo, un policía de la Federal agarra a un extranjero, afirma que él lo vio cometiendo un delito menor, entonces un fiscal le inicia un procedimiento, y sin necesidad de más pruebas, ni de que algún juez, ni jurado o tribunal lo condene de delito alguno…queda en condiciones de ser expulsado. Así es como esta reforma deja a los extranjeros que están en situación precaria a merced de la extorsión de la policía federal y la gendarmería.

Pero no solo eso. Tomemos un ejemplo concreto: Un grupo de trabajadores bolivianos, chilenos o paraguayos que esta trabajando en negro se organizan contra sus condiciones de trabajo y toman una obra en construcción o cortan una ruta para reclamar por sus derechos. Inmediatamente interviene la gendarmería y los detiene “in fraganti” por el delito de cortar una ruta nacional, entonces aparece algún fiscal de turno los procesa y listo: fuera del país.

Esta es una reedición posmoderna de la vieja Ley de Residencia (4.144) de 1902 sancionada durante el gobierno de Julio Roca. Esta ley fue un arma central contra la clase obrera y en particular contra el movimiento anarquista y socialista; y fue utilizada masivamente en oportunidad de los acontecimientos de la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica en las primeras décadas del siglo XX. En ella también se facultaba al Estado Nacional a expulsar del territorio argentino a los extranjeros sin condena ni juicio previo. Por eso no es de extrañar que desde Macri, hasta Massa, pasando por la UCR hayan saludado con una gran sonrisa esta iniciativa de parte del kirchnerismo, que más allá de sus diferencias, los hermana como dignos representantes de los intereses de la patronal.

Pero no solo está el problema jurídico y la precariedad legal en que deja a miles de trabajadores extranjeros en el país, sino que además esta reforma es parte de una naciente campaña que ha desatado el Kircherismo en boca de Sergio Berni y de Cristina Kirchner que ha señalado con el dedo inquisidor a los extranjeros como los responsables de las miserias de la sociedad, acusando a éstos de ladrones y asesinos que “infectan” a los argentinos, y de los que  por lo tanto “tenemos que protegernos”. Esta basura reaccionaria abre las puertas y habilita para que se desate un brote xenófobo contra los inmigrantes precarizados.

“Marche preso, desacatao”

Otra de las modificaciones reaccionarias que incluye el proyecto de reforma de CPP del Kirchnerismo es la ampliación de la prisión preventiva para los casos que provoquen “conmoción social”.

Pero antes de meternos en el nudo de este artículo, es necesario dejar en claro un par de cosas sobre esta institución jurídica. La prisión preventiva es objetivamente una aberración que atenta contra el principio de inocencia. La misma permite al Estado burgués privar de la libertad a una persona contra la que no se ha demostrado aun que haya cometido delito alguno. Es un claro caso de prejuzgamiento que apunta contra las capas más pobres de la población. Su justificación es sencilla. Para garantizar que el acusado no se fugue e impida el accionar de la justicia, entonces lo se agarra y se lo mete preso hasta que el juicio termine… pero si el acusado tiene plata y un buen abogado, entonces paga una fianza, como garantía de que no se va a escapar, y listo: a casita.

Ahora regresemos a la reforma en si. La presidente prometió que los acusados van a estar presos desde el primer día hasta que se le dicte sentencia con el fin de evitar la “puerta giratoria”. Pero resulta que en realidad en la argentina la puerta es giratoria para algunos. Según datos oficiales provistos por el Servicio Penitenciario Federal, en las cárceles federales más del 50% de los presos están sin  condena. Ese porcentaje trepa al 66% en el caso de las cárceles de mujeres y se dispara al 84% si se toma en cuenta la población joven de entre 18 y 21 años. Es decir, de cada 10 presos juveniles menos de dos fueron declarados culpables de algún delito.

La prisión preventiva lejos de ser una excepción en caso de peligro de fuga, es el principal recurso legal como arma para la privación ilegitima de la libertad contra los sectores más oprimidos de la población. Es esta institución represiva y antidemocrática a la que la presidente Cristina de Kirchner quiere potenciar.

En que consiste la reforma, muy sencillo, se habilita a encarcelar preventivamente, sin juicio, a toda persona que presuntamente hubiera cometido un delito que ocasione “conmoción social”. Qué es “conmoción social”… nadie lo sabe. Esta es una de las llamadas “definiciones abiertas” que permite a los fiscales actuar con una gran discrecionalidad. Así es como basta con que Clarín, La Nación, TN o Página/12 inician una campaña, o que algún fiscal invoque la supuesta “conmoción”, para que cualquier persona que no posea los medios y la influencia suficiente, baya preso y se le extirpe el derecho a la presunción de inocencia.

Los K refuerzan el estado contra los trabajadores y demás sectores populares

El proyecto que mandó el gobierno al Congreso tiene el objetivo de perfeccionar las armas del Estado para reprimir a los sectores populares. El kirchnerismo se anticipa a la resistencia que ofrezcan éstos frente al constante deterioro de sus condiciones de vida; quiere dotar a los futuros gobiernos, del signo político que fueren, del arsenal jurídico necesario para ejecutar los ajustes económicos que la patronal precise.

Es necesario rechazar esta infame reforma del Código Procesal Penal que amplia el poder del estado patronal para perseguir, expulsar, amedrentar y encarcelar indiscriminada e impunemente a la población trabajadora y popular, tenga la nacionalidad que tenga. Al mismo tiempo que denunciamos la campaña xenófoba que inició el kirchnerismo con el apoyo de todo el arco político patronal contra los inmigrantes pobres que habitan en el país.

Martín Primo

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