Nacionalizar el comercio exterior y la banca bajo control de los trabajadores

 

La situación del Estado argentino a raíz del conflicto con los fondos buitre ha dado lugar no sólo a grandes discusiones sino, en muchos casos, a serias confusiones, que invaden incluso a buena parte de la izquierda. Las contradicciones más flagrantes vienen del kirchnerismo, donde se encuentra tanto gente que dice “nunca dejamos de pagar” (falso) como quienes sostienen que éste es el gobierno del “no pago de la deuda con defensa de la soberanía” (mucho más falso todavía). La cuestión casi semántica de “default sí o no” es otro factor que no contribuye a la comprensión del problema. Y para colmo, como dijimos, muchas veces desde la izquierda se dicen disparates o como mínimo no se aporta a una visión integral de la cuestión de la deuda pública y qué hacer con ella. A ese debate queremos aportar.

 

El gran pagador, con facturas impagas

 

El kirchnerismo no miente cuando se autodefine como pagador serial. Ahí están los casi 200.000 millones de dólares que ha pagado el Estado durante su gestión en concepto de servicio de deuda. Y su vocación siempre, incluso en la época del default más amplio (2003-2005), fue la de pagar lo más posible. Por ejemplo, nunca hubo cesación de pagos con los organismos internacionales, y si al FMI se le saldó toda la deuda en un pago, con los demás organismos jamás hubo retrasos ni falta de pago. El conflicto, cuando lo hubo, fue con los acreedores privados.

Y lo que tenemos hoy, no importa cómo se lo llame, es una cesación de pagos de hecho. Así lo entiende la justicia yanqui, que el mismo gobierno designó y prometió acatar, y así lo entienden los inversores, bancos, instituciones internacionales de crédito y el resto de los “mercados”, para los cuales el país está en default. Es un default “chiquito”, parcial, semi pactado, lo que se quiera, pero si hay acreedores que no cobran, el mundo capitalista deduce default. Ante esto, la política del gobierno, y ni hablar de la oposición de derecha, es encontrar una salida que cierre el tema a la vez en lo político, en lo económico, en lo financiero y en lo legal. No es sencilla de hallar, pero ésa es la voluntad de toda la clase política capitalista argentina: más pronto o más tarde, negociar, arreglar y pagar.

Por esa razón, contra lo que dicen algunos kirchneristas (y antikirchneristas) atolondrados, lo que hay ahora NO es “no pago de la deuda”. El no pago es una medida, antes que nada, política: implica una decisión de enfrentar la sangría económica y social que representa la deuda, un verdadero tributo imperial y símbolo de la dependencia del país.

Lo que hubo en 2001 no fue una decisión de no pago, sino una imposición de la fuerza de las cosas: no había plata. En cuanto empezó a haber, y no bien se reestructuró la deuda con los acreedores privados, se reanudaron vigorosamente los pagos. El país técnicamente nunca salió del default porque quedó un pequeño grupo (el 22% de los acreedores en 2005, que bajó al 7% en 2010) sin aceptar el arreglo. Entre ellos los buitres, que fueron a juicio y ganaron. Y lo que hay ahora, como vimos, tampoco es un no pago. La decisión política es, por el contrario, pagar, incluso a los buitres. Lo que el gobierno reclama son condiciones menos ruinosas, y falta saber cuáles aceptará, sea Cristina o el que venga. No hay un choque real con el imperialismo, los acreedores y sus agentes locales; más bien, hay un “enfrentamiento” virtual, o puramente verbal. La sustancia es la política y los pagos. Ambos, para el kirchnerismo, están definidos para el lado de honrar las acreencias.

 

Dos medidas revolucionarias esenciales

 

Tan poco que ver tiene la política K con el no pago que las medidas que casi inevitablemente deberían acompañar esa decisión están totalmente fuera del discurso oficial, y ni hablar de la agenda de la oposición burguesa. Son esencialmente dos: el monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización de la banca (incluido el mercado cambiario). Sin esas medidas elementales que son casi de autopreservación económica y financiera, toda “defensa de la soberanía” es verso para la tribuna, letra muerta, menos que nada.

Monopolio estatal del comercio exterior significa que ningún capitalista pueda establecer vínculos directos, privados, con el mercado mundial, y que toda transacción (exportación o importación de bienes o servicios) la hace el Estado. Desde ya, para que este monopolio sea real y efectivo es imprescindible la presencia y control de los trabajadores: los funcionarios del Estado capitalista y los empresarios están vinculados entre sí por mil y un lazos como para esperar una “mano dura” real contra ellos. Pero esta medida se ha tomado más de una vez incluso bajo gobiernos capitalistas. Sin ir más lejos, el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), fundado por Perón en su primera presidencia, cumplía, de manera muy imperfecta, cierta función de control estatal del comercio exterior.

Sin esta medida básica, el Estado y el país todo está expuesto a las infinitas trampas y presiones de los empresarios, que luego detallaremos.

El complemento indispensable del monopolio estatal del comercio exterior es la nacionalización de la banca y el cambio. Ambas medidas apuntan a una cuestión de fondo: dejar en manos de la Nación, no en manos privadas, la relación con el mercado mundial capitalista. De esa manera, todo ingreso y egreso de divisas pasa por la caja estatal.

Esto es crucial para cualquier país, y mucho más para países dependientes como la Argentina y el resto de Latinoamérica. Hemos dicho muchas veces que la llamada “restricción externa” (esto es, la penuria de divisas, de moneda de cambio internacional) es a la vez síntoma y mecanismo de la dependencia respecto del capitalismo imperialista de los países centrales. Ha sido y es expresión de la rémora principal de la economía argentina, su lugar subordinado en la división mundial del trabajo, y es la fuente primaria de la necesidad de endeudamiento externo sistemático.

Pues bien, no hay forma de siquiera empezar a levantar esta carga sin que el Estado asuma el control directo del manejo de esos nexos con el mercado mundial que son el comercio exterior y la banca. Si eso no sucede, el resultado es que incluso el “gobierno más progresista de la historia argentina desde Perón”, como gusta presentarse el kirchnerismo, queda en la impotencia más absoluta para cambiar de verdad la estructura de dependencia. Cuyos principales beneficiarios son no sólo los acreedores imperialistas, sino los capitalistas locales. Veamos cómo.

 

Sin esas medidas, no hay forma de parar

el sabotaje antinacional de los empresarios

 

Sobran los ejemplos de cómo la clase capitalista de un país dependiente aprovecha esa misma estructura para ser socia menor del imperialismo y socavar toda posibilidad de un desarrollo autónomo en el que no están interesadas. Aquí tomaremos sólo los más clásicos, que han existido desde siempre en nuestros países y que en Argentina adquieren ciertos rasgos particulares.

Empecemos por lo más simple y brutal: la fuga de capitales. Nuestros “patrióticos” empresarios, que conocen muy bien los ciclos de la economía argentina, hacen siempre lo mismo: cuando el viento sopla a favor, se llenan los bolsillos de dólares y los fugan al exterior. Esa sangría mengua las divisas del conjunto del país, presiona contra el peso, alienta la inflación y resiente la capacidad inversora. Pero a nuestros burgueses eso no les importa: como desconfían de la “seguridad jurídica” argentina, la plata que juntan en pala se la llevan al exterior.

¿De cuánto estamos hablando? En 2001, los activos de argentinos en el exterior superaban los 101.000 millones de dólares. En marzo de 2013 (luego de diez años de kirchnerismo y 18 meses de supuesto “cepo cambiario”), esa cifra llegaba a los 205.000 millones de dólares. Sí señores: casi el equivalente de la deuda pública argentina íntegra, y en ese momento, el 45% del PBI. Lo increíble es que estos datos son del INDEC: ¡el gobierno conoce perfectamente y en detalle las cifras de esta estafa! ¡Y bajo el kirchnerismo la fuga de capitales no sólo no se frenó sino que se duplicó!

¿Será que nuestros capitalistas son tan emprendedores y pujantes que viajan por el mundo desparramando inversiones? Nada de eso. Según los mismos datos del INDEC, sólo 32.000 millones, el 15% del total, corresponde a inversiones directas. Todo lo demás son activos físicos (departamentos, mansiones, yates), depósitos o bienes financieros. En el fondo, una versión sofisticada de la plata en el colchón.

Los gorilas insufribles al estilo de los foros cloaca de Internet tal vez dirán que es todo plata de “los korruptos”. Pero es absurdo. Los funcionarios K, sin duda, no son ningún dechado de virtudes, pero 200.000 millones de dólares es demasiado para picardía de corruptos: es una confesión de saqueo de un país entero por parte del conjunto de su clase dirigente, política pero, sobre todo, empresarial (y la mitad de esa cifra, recordemos, ya existía antes de los K). Este saqueo continúa sin prisa y sin pausa, con o sin corralito 2001, con o sin default, con o sin cepo 2011, con o sin buitres.

Las vías de esta estafa son múltiples. Una muy habitual es sobrefacturar importaciones y subfacturar exportaciones (o al revés, según sea la operatoria establecida por el Estado para el comercio exterior). Es decir: se declara al fisco compras al exterior por más de lo que en realidad se gastó, y las divisas sobrantes van a Suiza o Luxemburgo. O se presenta una exportación por menos de la real, y los dólares no declarados van a Panamá o las islas Caimán. Incluso ahora, con restricciones, cepo y todo lo demás, la operación llamada “contado con liquidación” permite fugar divisas de manera perfectamente legal. Si hasta en los círculos de las finanzas lo llaman directamente “dólar fuga”, todo bajo las narices, y con el aval, del gobierno que “defiende la soberanía monetaria”. ¡Así se acumularon los 200.000 millones en el exterior! Nada de esto podría existir con banca y comercio exterior nacionalizados (y control de los trabajadores, desde ya, para evitar avivadas).

Último ejemplo, para no aburrir: la famosa resolución 125 de 2008. El problema de fondo era sencillísimo: con los precios de la soja por las nubes, el gobierno quiso subir los impuestos a la exportación (eso son las retenciones) para que el Estado ligue algo de esa renta extraordinaria. Los sojeros se quejaron y ganaron la pulseada, con la ayuda de la UCR, Carrió, Binner, Solanas, el PCR, el MST y en algún momento IS (con el PO dudando).

Si el comercio exterior lo maneja un ente estatal, no hay ni discusión (o al menos, no ésa): los sojeros no podrían ni tocar las divisas. Pero como este gobierno tan “soberanista”, “progresista”, etc., tiene como vaca sagrada la propiedad y los negocios capitalistas, jamás se le ocurrió siquiera amenazar con cerrarles la canilla y obligarlos a pasar por la ventanilla del Estado.

Trampas para eludir las restricciones sobran. Los empresarios argentinos son maestros en eso, porque conocieron todas las variantes “soft” para aliviar la penuria de divisas. Lo que nunca tuvieron que sufrir fue una decisión política de sacarles de las manos el vínculo con el mercado mundial. Algo que este gobierno tampoco hará.

 

¿”Vivir con lo nuestro” o romper con la dependencia?

 

El economista Aldo Ferrer, de la línea desarrollista de la CEPAL en los 60 y hoy funcionario K, popularizó esa frase, cuyo sentido era proponer una economía más “cerrada”, protegida de la presión del mercado mundial y la competencia del capital imperialista, impulsando así un proceso de desarrollo capitalista nacional. Incluso este moderado proyecto era imposible que cuajara con burguesías tan pusilánimes y cipayas como las latinoamericanas, pero algo de la ideología quedó. Si hasta Cristina a veces la menciona al pasar en algún discurso.

Pero siempre volvemos al mismo lugar: sin un control realmente soberano de los canales que comunican la economía argentina con el resto del mundo (y eso es, repetimos, el rol del comercio exterior y la banca), no hay forma de “vivir con lo nuestro”. Porque lo primero “nuestro” que un país dependiente necesita son las divisas, que siempre van a ser ajenas sin monopolio estatal del acceso a éstas. Y eso, insistimos, es una decisión política, mucho más que económica: significa enfrentar de verdad los mecanismos de dependencia y a todos los que se benefician con ellos. Una decisión que el kirchnerismo está a años luz de tomar.

De hecho, si se quisiera renunciar al endeudamiento, dar la espalda al financiamiento externo y “vivir con lo nuestro” (fantasía de algunos K), pero sin asegurar el manejo de las divisas vía el monopolio de la banca y el comercio exterior, el resultado es combinar lo peor de dos mundos. El resultado a más bien corto plazo es acelerar el proceso inflacionario por depreciación de la moneda, frenar la producción por falta de insumos importados y destruir el empleo y el consumo. Eso termina en hiperinflación con megadevaluación (como en 1975 y 1989) o en default con hiperdesocupación (como en 2001), o acaso todo junto.

Una política de supuesta autarquía económica, sin tomar deuda pero a la vez sin enfrentar al imperialismo y las burguesías locales, es insostenible, salvo condiciones muy excepcionales que hoy no existen. Al revés: a lo que asistimos, desde hace varios años, es a una paulatina normalización de las relaciones centro-periferia, que habían sido relativamente modificadas por a) el ciclo de rebeliones populares en el continente y b) el ciclo de precios altos de materias primas. Ambos factores contribuyeron a que, sobre todo en Latinoamérica, las condiciones habituales de la dependencia dieran paso a márgenes más amplios para gobiernos “progres”. El dato relevante, para Argentina y para toda Latinoamérica, es que esos márgenes de a poco vuelven a estrecharse en la dirección que histórica y estructuralmente han tenido, y que no son pasibles de modificación sólo con discursos en la Asamblea General de la ONU. No es casualidad que los mecanismos económicos y financieros de esta última etapa K se vayan pareciendo cada vez más a los que actuaron de manera clásica en los años 70 y 80.

En último análisis, esta normalización, esta reducción de márgenes, no hace más que poner de manifiesto que en un sentido histórico no hay lugar para tres patrones de relación con el imperialismo: la dependencia cipaya, la ruptura revolucionaria y un supuesto “punto de equilibrio” entre las dos. El kirchnerismo creyó durante toda su gestión (acaso algunos lo sigan creyendo) que su destino y razón de ser es encontrar, y explotar políticamente, esa “tercera vía”. Pero los límites de la globalización capitalista, en primer lugar; los de la economía argentina, en segundo, y por último, los del propio kirchnerismo, a cada paso socavan y desmienten esa posibilidad.

La consigna “patria o buitres” se queda muy por detrás de la verdadera disyuntiva de hierro que asoma detrás de la crisis de la deuda: o se toma el camino que propone toda la oposición burguesa (¡y el de los K hasta hace tres meses!) de “volver a los mercados” y renovar los vínculos de dependencia, o se toma el camino de romper con la estafa imperialista de la deuda y con la burguesía “nacional”, cómplice y beneficiaria de mil modos del saqueo. Los primeros pasos de esa ruptura son los ya citados: sin manejo de las divisas del comercio y la banca, no hay la menor chance de verdadera soberanía. Es hora de que toda la izquierda marxista recoja ese planteo y lo proponga como bandera a la clase trabajadora, al activismo obrero y al conjunto de la sociedad.

Marcelo Yunes

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