Kicillof en defensa del bolsillo de los patrones

Por Patricia López

Desde hace algunos meses, desde el Nuevo MAS venimos alertando que el gobierno de cristina Kirchner está desatando un ajuste en regla contra los trabajadores. Este ajuste, en primera instancia, viene siguiendo las pautas de un “ajuste inflacionario”, es decir: dejar correr el alza de los precios y tratar de mantener muy por debajo de la inflación real los salarios. Para cumplir con este fin (objetivo que se vio fuertemente dificultado como producto del fenomenal aumento que les otorgaron a las fuerzas represivas, situación que actuó como disparador de las aspiraciones de los asalariados), el gobierno lanzó algunas medidas políticas. La primera fue la postergación de las paritarias para marzo, con acuerdo de la burocracia sindical, pero junto con esto impulso un acuerdo de precios.

Así es como el nuevo ministro de Economía Kicillof lanzó su “acuerdo de precios”, que regirá durante un año, pero prevé “ajustes” (es decir aumentos) cada tres meses, y los productos incluidos son apenas 187 contra los 500 del acuerdo anterior de Guillermo Moreno.

No es que el de Moreno haya funcionado. El ex secretario de Comercio Interior, por ejemplo, acusaba a las cerealeras de estar reteniendo 3 millones de toneladas de trigo y amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento, pero se conformó con un acuerdo de mantener el pan a 10 pesos el kilo hasta después de las elecciones. Se ve que los empresarios no temblaban demasiado frente a la famosa “pistola sobre la mesa” del ex funcionario, porque antes de esa fecha ya estábamos pagando el pan a 15 o 20 pesos el kilo, y, por supuesto, la Ley de Abastecimiento no se aplicó.

A pesar de que el “acuerdo Kicillof” es todavía más flojo que los anteriores, los diarios hablan de una “profundización en el control” del gobierno. Se refieren a que, además de las cadenas de supermercados, en esta ocasión los distribuidores e incluso los productores fueron invitados a participar del acuerdo. Estos empresarios recibieron un reto del ministro por las miserables trampas con las que evadieron el cumplimiento de los acuerdos anteriores, a saber, inventar envases nuevos o “agregados vitamínicos” para disfrazar los productos y sacarlos de la lista de precios congelados. Es decir que si lo de Moreno ya era una farsa de “control de precios”, lo del ministro “marxista” es un sainete.

Por suerte para el kirchnerismo, al que cada día le cuesta más quedar a la izquierda de alguien, siguen existiendo medios como Infobae, que alertó sobre la “sovietización de la Argentina”, deduciendo de estos reproches del ministro a la estafa de los empresarios que “el Estado decidirá qué y cuánto producen las empresas”. Estas estupideces servirán para que los pibes de La Cámpora que van a los supermercados a hacer los controles se sientan comisarios del pueblo, pero no parecen afectar a esos empresarios a los que el periodismo genuflexo pretende defender. Alberto Guida, de la Cámara de Autoservicios Mayoristas, consideró que “lo que con seguridad nos va a llevar al éxito, es tener este diálogo tan abierto. Tener este diálogo de revisión permanente, de seguimiento y de ajuste cuando es necesario, nos permitirá sostener los productos, el abastecimiento, los márgenes necesarios para ser rentables…”.

El empresario se refiere a la enormidad de concesiones que les hace el gobierno, al punto de que es casi ridículo llamar a esto “un acuerdo”. Se redujo a mucho menos de la mitad la lista de productos que entran. No sabemos cuáles son, porque el gobierno, si bien anunció el acuerdo ahora para intentar agregar algo de esperanzas a las navidades, mantiene en secreto la lista hasta enero, lo que evidencia que el acuerdo no está cerrado y que los empresarios están todavía tironeando para sacar más concesiones aún. Además, el gobierno se compromete a subsidiar a los productores que firmen. Encima, los precios que entran dentro del acuerdo, aunque se supone que es un acuerdo anual, podrán ser ajustados cada tres meses. Y por si algún capitalista demasiado exquisito queda disconforme, Capitanich se apresura a aclarar que este es un convenio “marco” y que luego se firmarán “acuerdos específicos” con los diferentes actores para dar “viabilidad y vigencia” al esquema.

¿Para qué es el acuerdo?

La pregunta que cae de madura es: ¿el gobierno cree que con un acuerdo así de trucho va a frenar la inflación? Ahí salieron también los sabihondos de la oposición burguesa a explicar que “la inflación no se frena con acuerdos de precios” y se ponen a dar cátedra citando ejemplos históricos y bla, bla, bla… (Redrado, Massa¹, etc., repetidos por todos los diarios opositores).

Pero hablan al cuete, porque el objetivo del así llamado “acuerdo de precios” no es bajar los precios. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que un acuerdo en el que no entra la nafta vaya a influir en la formación de precios general. Y aunque no se sepa la lista de productos, sí se sabe que son todos alimenticios y de limpieza y tocador, y que la nafta y los materiales de construcción, por ejemplo, no entran.

El verdadero objetivo del “acuerdo de precios” es bajar los salarios. Así de corta. Y el único que lo dice clarito, porque no tiene responsabilidades de gobierno, es el jefe de la UIA. De Mendiguren opina que “la inflación tiene mucho de real pero muchísimo de expectativas”, y rogó que “en este período a marzo que van a ser convocadas las paritarias logremos entre todos con medidas concretas y creíbles, que haya un fuerte giro en las expectativas a la inflación y estas vayan a la baja, que todos estemos convencidos de que se están desinflando las expectativas inflacionarias”.

El acuerdo de precios de Kicillof intenta responder a este ruego de los capitalistas: inventar algo que justifique los aumentos a la baja que la patronal necesita imponer en las paritarias para conservar sus márgenes de ganancia. De Mendiguren es categórico en su orden de prioridades: no pide que paren la inflación, se contenta con “desinflar las expectativas inflacionarias”, hacerles creer a los trabajadores que algo están haciendo el gobierno y los empresarios para bajar los precios, darle a la burocracia sindical algo de qué agarrarse para firmar cualquier cosa. Si después los precios bajan o no, importa menos: lo urgente es provocar un “giro a la baja en las expectativas” antes de las paritarias; para la realidad, hay tiempo.

El problema es que las tímidas declaraciones del gobierno respecto a un techo de 15-18% de aumento, terminaron en aumentos de 50-100% a la policía. Y las navidades sin luz ni agua en varios sectores y con un hombre que cortaba la calle asesinado por un policía, no contribuyen precisamente al clima de paz social necesario para que la explotación capitalista siga su curso sin temores. Los patrones se ven venir duros reclamos de aumento salarial, y reclamos de trabajadores bastante más enojados que otros años. El acuerdo de precios de Kicillof no es nada más que un engaña pichanga hasta que se cierren las principales paritarias. Por eso es necesario empezar a discutir en todos los lugares de trabajo la necesidad de imponer una huelga general, porque necesitamos defender nuestras conquistas y nuestro salario contra el ajuste K.

Nota:

1. Massa, con su habitual habilidad para hablar y no decir nada, declaró: “No hay magia. Para bajar la inflación no hay que enfriar la economía, ni reducir salarios, ni bajar el gasto público. Hay que poner en marcha un programa de sentido común, que le diga a los argentinos hacia dónde vamos”. En ninguna parte explica en qué consiste ese “programa de sentido común”. Este candidato es tan amigo del suspenso que no nos adelanta ni una solita de las medidas de su programa. Como los medios y la burocracia sindical son todos forros de él, nadie se lo pregunta directamente. Y como el movimiento obrero es mudo en este régimen, tampoco se lo pregunta. El tipo va a ganar las elecciones sin que nadie sepa cuál es su idea de “sentido común”.

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