Leyes antiaborto y de criminalización de las protestas

Por Claudio Testa

Después de golpear seriamente a la sanidad y la educación públicas, y de asestar duros golpes a la clase obrera, como fue el caso de los mineros asturianos, el gobierno del PP ha profundizado su ofensiva reaccionaria impulsando la aprobación de dos nuevas leyes: una, que significa en la práctica la casi liquidación del derecho al aborto; otra, que penaliza las protestas y manifestaciones, e incluso llega a castigar lo que se escriba en las “redes sociales”, como Twitter.

Ley de aborto, rumbo a los buenos tiempos de la dictadura clerical-fascista

Una de las concesiones logradas en el período pos franquista fue la conquista del derecho al aborto. El archiclericalismo de la dictadura de Franco prohibía absolutamente ese derecho bajo cualquier circunstancia. El gobierno del Partido “Popular” –una organización fundada por un ex ministro del dictador y cuyos cuadros provienen de familias y sectores sociales del riñón del franquismo– no llega (aún) a eso, pero ha dado un giro en ese sentido.

La primera despenalización del aborto se logró en los ’80. Sucesivos avances se resumieron en el 2010 en una “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo” que reconocía el derecho a “la maternidad libremente decidida”, incluso de menores de edad.

El proyecto cocinado por el PP cambia radicalmente la legislación, acercándose prácticamente la modelo clerical-fascista de los años de Franco. De una ley que partía del principio de “maternidad libremente decidida” se pasaría a una “ley de supuestos”; es decir, de justificativos que la mujer debe dar para realizar legalmente un aborto. Con el agravante de que en los “supuestos” se excluiría, por ejemplo, la malformación del feto.

El proyecto aprobado en el Consejo de Ministros –como denunciaron varios medios– ha sido elaborado por organizaciones ultracatólicas y grupos antiaborto de la peor calaña, como los que niegan que una mujer violada pueda quedar embarazada.

“Una ley machista, cruel e inútil”

Esta barbaridad cocinada por el PP ha despertado una ola de indignación… incluso en sectores que no son precisamente de extrema izquierda. En ese sentido, un columnista de eldiario.es hace esta denuncia:

“En el colmo del cinismo, Alberto Ruiz-Gallardón [ministro de Justicia] asegura que esa nueva ley del aborto que nos lleva de vuelta a los años 70 es «una apuesta por la libertad de la mujer». ¿Qué libertad? ¿La de viajar a Londres para poder abortar? ¿La de acabar en una clínica ilegal, o de morir desangrada, para aquellas mujeres que no puedan pagar? ¿Qué tiene que ver con la libertad obligar a una madre a llevar semanas en su vientre a un hijo que sabe que morirá nada más nacer?

“Al igual que toda esa derecha que quiere imponer su moral pública (no privada) al resto de la sociedad, el ministro olvida un dato importante: las leyes restrictivas no reducen el número de abortos. Así lo demostró el año pasado un estudio de la OMS [Organización Mundial de la Salud] publicado en The Lancet y cuyas conclusiones son bastante claras. Criminalizar el aborto es una política tan inútil como cruel: sólo sirve para aumentar el número de mujeres que se van a jugar la vida para poder decidir sobre su maternidad. Los países donde más se aborta son, precisamente, aquellos donde las leyes son más duras mientras ignoran la verdadera solución al problema, que pasa por la educación sexual y las políticas de planificación familiar. Suelen ser también los países más machistas, que consideran la sexualidad femenina como un pecado o como una propiedad del varón.” (eldiario.es, 23/12/2013)

Crimen y castigo: ¡basta de protestas y manifestaciones!

Pero las desgracias nunca vienen solas. La cocina del PP preparó al mismo tiempo otra torta, una nueva “Ley de Seguridad Ciudadana”. Esta se dirige contra los delitos gravísimos de hacer protestas y manifestaciones, “insultar” a los próceres que gobiernan o reinan en el Estado español o tener el descaro de impedir desalojos de los cientos de miles de familias estafadas por las hipotecas de los bancos. Veamos algunos de los delitos que tipifica la nueva ley.

• “Abuchear el himno dentro de un estadio”, que es un episodio masivo y frecuente en los estadios catalanes y vascos. “También se castigará si se hace en otro tipo de actos, como un desfile de las Fuerzas Armadas o un acto solemne del Congreso. Las pancartas que pretendan ridiculizar a la bandera y que hieran la sensibilidad de un agente de seguridad también entran en esa categoría. O las que insulten al Rey.”

• Ofensas varias: “Ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.”

¿Pero qué considera “ofensa” el Gobierno?  El ministro del Interior lo tiene muy claro: “Ofensa es lo que es ofensivo”, contestó.

Para dar un ejemplo: al gobierno del PP se le vienen destapando los casos de corrupción más escandalosos. Pero si una manifestación frente a la Moncloa grita: “¡Rajoy, ladrón!”, cometerá el delito de ofensa a la institución de la Presidencia de Gobierno. Ídem con el Borbón y toda su familia.

• En general, “llevar pancartas injuriosas” también será castigado.

• “Paralización de un desahucio”: impedir el desalojo de un deudor hipotecario es otra falta gravísima. Concentraciones de protesta ya impidieron unos 850 desalojos. Los bancos, que son los que mandan a Rajoy, están algo preocupados. Ahora la “Seguridad Ciudadana” los va a proteger.

• Más en general, serán “falta grave los «actos de obstrucción» a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial o administrativa”.

• También se podría castigar subir a Internet fotos o videos de represiones policiales, ya que “atenta contra el derecho al honor del policía, a su intimidad o a la propia imagen, o que pueda poner en peligro una operación o la seguridad del agente o la de su familia”.

• La nueva Ley de Seguridad castiga también la participación pacífica en un “escrache”.

• Lo mismo, todos aquellos que sigan participando en “acciones de desobediencia civil”, y las protestas más diversas (ni siquiera escapan las protestas ecologistas), etc.

• Convocar por Twitter una protesta no autorizada ante el Congreso, podría ser castigado con una multa de hasta 600.000 euros.

• “Insultar” a la policía en una protesta puede acarrear una sanción de hasta 30.000 euros.

• Será una “infracción muy grave participar en una manifestación ante el Congreso de los Diputados o cualquier otra institución del Estado si esta no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, o si habiéndolo hecho, se prohíbe” (citas de Pedro Águeda, “Guía práctica para manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana”, eldiario.es, 30/11/2013).

El contexto de una ofensiva reaccionaria

Estas medidas –como la del aborto y la de “seguridad ciudadana”– son sólo dos botones de muestra de una ofensiva reaccionaria. ¿Cómo puede llevarlas adelante un gobierno desprestigiado por abrumadoras denuncias de corrupción y que, sobre todo, ha debido enfrentar en los últimos dos años importantes luchas y movimientos de protesta, como la de los mineros y su Marcha Negra que impactó al país y a Madrid, las huelgas y multitudinarias manifestaciones de la Marea Blanca (trabajadores de la salud) y la Marea Verde (trabajadores de la enseñanza)?

Puede hacerlo porque Rajoy, aunque magullado, logró ir imponiendo las medidas contra las que luchaban esos movimientos. Esto nos lleva a lo que se advertía, tiempo atrás, en un artículo:

“Después de los griegos, los trabajadores, la juventud y los sectores populares del Estado español están entre los más castigados en la UE por las medidas de ajuste y, en general, de desmantelamiento del «estado de bienestar social». Esto no es una originalidad de Rajoy, sino que es una línea impulsada –de una u otra forma y en mayor o menor medida– no sólo por el gobierno español sino por todas las burguesías y gobiernos de la Unión Europea.

“Esto no ha sido recibido con pasividad. Ha habido respuestas. En el Estado español, sobre todo desde mediados de 2011, se desarrollaron luchas importantes enfrentando esos ataques. Pero esta resistencia no ha logrado hasta ahora revertir la situación.

“Un elemento común a las luchas que se han abierto en los últimos años; dos fuertes mediaciones: el rol de la burocracia sindical y el imperio general de la democracia burguesa (además de la ausencia de organizaciones revolucionarias…)

“Esto funciona como una especie de «colchón» que evita enfrentamientos más directos entre las clases sociales; la burocracia se encarga de que las luchas obreras no sean de envergadura suficiente como para cuestionar la estabilidad capitalista y la democracia burguesa sigue siendo el terreno universal de resolución de los problemas de la sociedad… A su vez, la experiencia europea muestra que las centrales burocráticas aún tienen el control mayoritario sobre la clase obrera, lo que les permite administrar el descontento popular de manera que no haya demasiados desbordes.

“Eso significa que, en términos generales, el período se caracteriza aún por la ausencia de choques más directos entre las clases sociales, o que tengan carácter limitado o localizado. Son efectivamente estas mediaciones las que permiten amortiguar esos choques y desviar las luchas directas en las calles al pantano de la democracia burguesa… Sin embargo…, también como tendencia general, esas mediaciones comienzan a erosionarse…” (Ale Vinet, “Un clima de ebullición social”, Socialismo o Barbarie, revista Nº 27)

Efectivamente, casi un año después de escrito esto, puede verificarse cómo, en cada caso, el encuadramiento por las burocracias y la canalización vía la democracia burguesa fueron fatales para los mineros, los trabajadores de la salud y la enseñanza y, en general, para todas las luchas.

Pero esto, al mismo tiempo, ha tenido un costo, una “erosión” tanto de los burócratas como de la legitimidad del inmundo pantano parlamentario. Aprovechar esto para desarrollar organizaciones políticas revolucionarias y corrientes clasistas antiburocráticas en el movimiento obrero, es fundamental.

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